Conferencia de Prensa sobre eventual huelga nacional, Ministro de la Presidencia, Sergio Alfarao Salas , Fotos: Roberto Carlos Sanchez 11 Enero 2017

Ministro de la Presidencia y Comitiva Estatal defienden avances de Costa Rica ante GAF

 

  • Representantes estatales buscan evitar que Costa Rica ingrese a la lista de países con seguimiento intensificado.
  • La falta de aprobación en segundo debate del proyecto de ley 19.951 pone en riesgo la calificación de Costa Rica.

El Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, junto a una comitiva estatal estarán del 8 al 11 de mayo en Miami, Florida de los Estados Unidos de América con el fin de participar en el “face to face” (cara a cara) ante el Grupo de Cooperación y Revisión Internacional (International Cooperation and Revision Group, ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El careo busca defender los avances realizados por el país para el fortalecimiento de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.

Desde el 2012 Costa Rica inició un proceso exhaustivo de cumplimiento desarrollando un Diagnóstico Nacional de Riesgos y una Estrategia Nacional con un plan de trabajo que se ha venido atendiendo con alto compromiso. Esta labor es coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y tiene el acompañamiento de más de 40 organizaciones públicas y privadas.

No obstante, tal y como ha sido señalado por los personeros de GAFI, nuestro país aún presenta debilidades y debe avanzar en el fortalecimiento de algunos marcos regulatorios. Tal es el caso del requerimiento de aprobación del proyecto de ley 19.951, iniciativa que introducirá medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a sectores no financieros, conocidos como APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas). Dicho proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado 20 de abril, sin embargo no ha recibido el segundo debate necesario para ratificarlo como ley, lo que coloca a nuestro país en riesgo de ser incluido en la lista de países con seguimiento intensificado por incumplimiento del marco normativo requerido por GAFI.

“El ideal hubiera sido llegar a este “cara a cara” con el 19.951 aprobado, no obstante, continuamos con el propósito de presentar todo lo que ha avanzado nuestro país y el compromiso al más alto nivel que tiene Costa Rica por cumplir los estándares que exige GAFI. De igual forma estamos esperanzados en que el proyecto de ley se aprobará antes de la próxima Plenaria de Representantes de GAFI que se realizará en junio del presente año, donde se revisará de nuevo la situación de Costa Rica” aseguró el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

En el “cara a cara” también participarán: Laura Suarez, Directora del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF); Rodrigo Hidalgo, Asesor Legal de CONASSIF; Wesley Montoya del Organismo de Investigación Judicial; Eugenio Rodríguez, abogado de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); Rafael Coto, Director del Departamento de Análisis y Cumplimiento de la Ley 8204 de SUGEF; Javier Cascante, Superintendente General de Entidades Financieras; Luis Guillermo Zumbado, Director de la División de Servicios Tecnológicos del Banco Central de Costa Rica; Eduardo Prado, Gerente del Banco Central de Costa Rica; Iván Villalobos, Director de la División de Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica, Guillermo Araya, Director General del ICD; Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y Álvaro Montoya, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Legitimación de Capitales.

Los pasajes de todos los miembros de la delegación son costeados por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, entidad que junto con la Asociación Bancaria Nacional (ABC) han apoyado a nuestro país en los procesos de rendición de cuentas ante GAFI.

GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros del G8. Su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.

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