• 79 empresas y 41 personas físicas son investigadas por Dirección General de Tributación en primera etapa del proceso.
• No se descarta nuevos implicados derivados de las vinculaciones entre sociedades.
• Instrumentos legales incorporados a la Ley para Mejorar de Lucha contra el Fraude y proyecto de modificación al impuesto sobre la renta son fundamentales para facilitar proceso de investigación.
Empresas y personas físicas dedicadas a actividades jurídicas, inmobiliarias, agropecuarias, de comercio y servicios de asesoramiento y consultorías, forman parte de las primeras 120 personas de interés para la administración tributaria costarricense, encontradas por la Dirección General de Tributación en la Base International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), de consulta pública, dada a conocer por este Consorcio en abril del año pasado, como parte de una trabajo de investigación para dar a conocer distintas maniobras de fraude cometidas por una importante cantidad empresas a nivel mundial.
Estos primeros hallazgos de la comisión especial creada por Hacienda para investigar los casos de Panama Papers en Costa Rica, indican además, que de las 120 personas, 69 ya fueron identificadas, las 51 restantes siguen en este proceso.
Del primer grupo, 34 presentaron declaraciones de impuesto sobre la renta en los periodos 2014 y 2015, 35 solo en uno de estos años y 20 incumplieron con esta obligación en ambos periodos. Un hecho relevante es que las 69 registran, en total, 410 sociedades offshore creadas en Panamá.
“Si bien estos son los primeros hallazgos que encontraron los compañeros de la comisión, la denuncia hecha pública por el ICIJ el año pasado, aunada a los parámetros de riesgo fiscal que presentan estas 79 empresas y 41 personas físicas, hace presumir a la Administración Tributaria que detrás de la creación de estas sociedades, hay una clara intensión de evadir las responsabilidades tributarias, por lo que sus casos serán trasladados a las áreas de fiscalización de la Dirección General de Tributación o al Ministerio Público, según corresponda, donde se continuará con el proceso de investigación ”, destacó Fernando Rodríguez, viceministros de Ingresos.
El no distribuir dividendos, registrar gastos financieros por encima del 50% de la renta líquida o costos y gastos mayores al 80% de la renta bruta, declarar impuesto cero en renta o pérdidas recurrentes durante varios períodos fiscales y mostrar un posible incremento patrimonial no justificado, son solo algunos de los riesgos que presentan los casos analizados en esta primera etapa del proceso.
Con respecto a las maniobras detectadas, Fernando Andrés Rodríguez Cubillo, miembro de la comisión investigadora, explicó que éstas difieren según el tipo de empresa o actividad económica. A manera de ejemplo, citó las que, para omitir el pago de impuesto a los dividendos, crean una sociedad offshore en Panamá, por lo general de papel, bajo la modalidad de adquisición de un supuesto servicio, cuyo pago al final del proceso es recibido por los accionistas de la misma empresa que “compró” ese servicio.
Otra maniobra utilizada por estas personas con el mismo objetivo, consiste en trasladar dinero desde Costa Rica a una offshore panameña, la que a su vez remite esos recursos a una fundación de interés privado en el vecino país, la cual, por sus características, no debe registrar información sobre la procedencia ni destino final de los recursos que recibe. Esto permite que dicha fundación traslade de nuevo los ingresos percibidos a los accionistas de la empresa que se los envió a través de la offshore panameña. (Ver ilustraciones de la maniobra).
Debido a que dentro del proceso investigativo se analizan las vinculaciones de las sociedades, Hacienda no descarta que de estos 120 casos se deriven otros que generen hallazgos importantes.
“Gracias a la ley de lucha contra el fraude, que nos permite el acceso a la lista de accionistas de las empresas y su beneficiarios finales, podremos analizar más ampliamente la vinculación de sociedades en el territorio nacional y desarticular maniobras de fraude complejo que tanto daño hacen al Erario Público. Se suma a las herramientas legales que tenemos, la aprobación de la Convención de Asistencia Mutua por parte de Panamá, que permitirá el intercambio de información tributaria con ese país. Instrumentos como éstos y como los relacionados con precios de transferencia, que hemos incorporado en el proyecto de ley de impuesto sobre la renta, resultan fundamentales para mejorar los controles tributarios. De ahí nuestro interés porque se discuta y apruebe pronto el proyecto de renta en la Asamblea Legislativa”, enfatizó Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda.
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