Dos informes de Contraloría señalaron “serios desórdenes” y “debilidades de control” en marzo 2010 y en diciembre 2016. Estos no fueron atendidos.Los 20 deudores principales tienen problemas de morosidad y se les sigue dando refinanciamiento.Riesgo de pérdida por ₡9.300 millones.Ministerio Público investiga denuncia que Auditoría Interna pidió descartar, a pesar de estar mencionada en esa acción.Representantes del movimiento cooperativo en Junta Directiva rechazaron propuesta de representantes del Gobierno para hacer una auditoría forense.Se requieren acciones urgentes para restablecer las condiciones normales de funcionamiento del Instituto, que es estratégico para las 594 cooperativas del país. El Gobierno intervendrá el Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), ante problemas financieros reiterados que no se han solucionado, y que exigen acciones urgentes para proteger al sector cooperativo. La decisión se tomó en el Consejo de Gobierno hoy, tras analizar el reiterado incumplimiento que INFOCOOP realizó de advertencias de la Contraloría General de la República.
En marzo del 2010 y en diciembre del 2016 el ente contralor emitió los informes, de igual manera parte de las acciones determinadas como ruta de trabajo de la Administración Solís Rivera en el INFOCOOP evidencian una serie de problemas, desordenes e incumplimientos.
Incluso el Ministerio Público investiga una denuncia anónima de funcionarios de la institución que la misma Auditoria Interna solicito descartar.
La intervención de 9 meses tiene una serie de objetivos para restablecer las políticas internas que aseguren una adecuada distribución de la cartera de crédito para cumplir con sus objetivos legales, generar medidas para establecer mecanismos de control que garanticen la sostenibilidad del INFOCOOP y formular el Plan Estratégico 2018-2022, para alinear la planificación institucional con la legal.
“Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, conforme los planteamientos de transparencia y probidad en el manejo de los recursos públicos que ha impulsado la administración del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Este Gobierno tiene muy claro su compromiso con el sector cooperativo, que es estratégico para Costa Rica, ya que es un sector productivo fundamental que genera empleo, desarrollo territorial, competitividad y el cual, además, nos permite tener recursos para poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento ”, explicó el Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz.
PROBLEMAS SIN ATENDER Los informes de la Contraloría General de la República concluyen que el sistema de controles en la entidad podría estar muy debilitado y poner en riesgo recursos que son estratégicos para apoyar a las 594 cooperativas del país, que generan más de 20 mil empleos directos y tienen más de 887 mil personas asociadas.
Las recomendaciones sin atender se remontan al año 2010. En ese año, la Contraloría emitió el informe DFOE-ED-IF-5-2010, en el que reportó serios desórdenes, mal manejo de la cartera crediticia, daño patrimonial, debilidades de control e incumplimiento de objetivos, y situaciones de riesgo en el ámbito financiero y operativo, entre otros hallazgos.
La Contraloría emitió en el 2016 otro reporte, el DFOE-PG-IF-14-2016, en el que volvió a señalar serios desórdenes, daño patrimonial, mal manejo de la cartera crediticia, ausencia de supervisión adecuada, debilidad en el control interno, carencia de metodologías para valorar y calcular los riesgos y errores matemáticos en el cálculo de la tasa de equilibrio.
Además, detectó que los 20 principales deudores tienen problemas de morosidad, pero se les sigue dando refinanciamiento, e indicó que esta práctica resulta delicada ya que INFOCOOP maquilló la morosidad mediante refinanciamientos, lo que afectó el indicador de morosidad.
Esto se refleja en una preocupante situación financiera, con una cartera de crédito concentrada: 62% de los ₡15 mil millones están en 20 cooperativas. La morosidad es de 7,18%, pero hay que considerar que no hay análisis de riesgo de la cartera, ni de su concentración.
El deterioro de activos por riesgo no se refleja en las estimaciones por incobrables, y hay riesgo de pérdida de ₡9.300 millones.
La estructura de controles debilitada se acompaña de una denuncia que investiga el Ministerio Público. Precisamente la Auditoría Interna del INFOCOOP pidió descartar ese caso, pese a ser mencionada en la denuncia. Y los miembros del movimiento cooperativo en la Junta Directiva también rechazaron la posibilidad de una auditoría forense, así como inquietudes externadas por el Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz.
“La administración de INFOCOOP tuvo tiempo para actuar y no lo hizo. Nosotros, como Gobierno, no podemos permitir que esto se extienda, y debemos actuar, para recuperar los fines de la institución”, declaró el Viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca.
Ante este panorama, dado que INFOCOOP cumple una función legal de apoyar al sector cooperativo, se acordó una intervención que permita investigar la situación en la entidad, impulsar las acciones para que el Instituto funcione adecuadamente, sanear las finanzas y atender con calidad al sector cooperativo.]]>
