Aunque a enero déficit primario y financiero continúan reduciéndose, es preciso contar con nueva legislación que permita dar estabilidad a las cifras alcanzadas. Proyecciones de Hacienda, generadas a partir de un modelo macro fiscal de mediano plazo, indican que en un supuesto donde no se apruebe una nueva reforma tributaria en el 2017, y adicionando las nuevas obligaciones constitucionales y legales, el país podría alcanzar un déficit financiero del 6,6% del PIB en el 2018 y de 6,9% en el 2019.
El modelo macro fiscal de mediano plazo permite formular y analizar posibles escenarios con base en supuestos del comportamiento de ingresos, gastos y eficiencia en la recaudación. Según esta herramienta, con la propuesta alternativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa a inicios de febrero, la carga tributaria pasaría del 13,4% (estimada para el 2017) a un 15% del PIB en el 2018.
“Aunque con la nueva propuesta el déficit estimado continúa siendo alto, sí daría un espacio para modernizar la legislación tributaria en el corto plazo, así como obtener menores niveles de déficit”, aseguró Helio Fallas, primer vicepresidente y ministro de Hacienda, durante una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, en la cual también dio a conocer los resultados de las cifras fiscales del Gobierno central al mes de enero.
Para el Jerarca, si bien hasta el momento se ha logrado la aprobación de varias leyes (Lucha contra el fraude, Lucha contra el contrabando, Caja Única, y cuatro relacionados con pensiones) que forman parte de la propuesta integral para el fortalecimiento de la Hacienda Pública, al no avanzar en la aprobación de los proyectos para reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta y sustituir el impuesto general sobre las ventas por un impuesto al valor a agregado (IVA), ambas enviadas a la Asamblea Legislativa desde setiembre de 2015, cualquier escenario para este año será difícil. A pesar de los resultados positivos logrados en el 2016, para el 2017 se estima un déficit fiscal de alrededor del 5,9% del PIB.
También se elaboró una proyección en la que, para mantener el nivel de deuda/PIB en el porcentaje actual (45%) y que esta no aumente, se requiere una carga tributaria superior, de al menos un 17% del PIB, en promedio, durante los próximos cinco años. Para elevar la carga tributaria a ese porcentaje, es obligatorio que en la siguiente Administración, luego de la ampliación de la base, se proponga un aumento de la tasa del IVA, que podría ser de hasta un 18%. Esto debido a la ausencia de reformas legales en el presente y al retraso de su entrada en vigencia.
“Ante estos escenarios, y luego de recibir los resultados emitidos por parte de dos empresas calificadoras, que nos bajaron la calificación de riesgo ante la ausencia de los acuerdos necesarios para modernizar las leyes tributarias, con el consecuente crecimiento de la deuda, vuelvo a insistir ante las señoras y señores diputados para que se avance en la discusión y aprobación del plan propuesto en las últimas semanas para reformar los principales impuestos del país, de previa al inicio formal de la campaña electoral del 2018. Debemos recordar también que, además de la afectación a la estabilidad económica que generan estas calificaciones negativas, el país podría poner en riesgo el proceso ante la OCDE,” aseveró el Ministro.
Cifras a enero mantienen comportamiento del 2016, pero no garantizan estabilidad en las finanzas públicas El crecimiento de los ingresos por encima de los gastos se mantiene al cierre del primer mes del año. Mientras los ingresos totales del gobierno central aumentaron en 13,8%, los gastos crecieron solo un 6,9%.
Los ingresos tributarios presentaron un aumento de 8,4%. Entre ellos, el impuesto general sobre las de ventas mostró un aumento del 8,9% y el de ingresos y utilidades aumentó un 10,4%.
Al primer mes del 2017, las remuneraciones crecieron un 2,9%, cifra inferior a la variación de igual periodo del año anterior (3,7%); las transferencias del gobierno central aumentaron un 4,6%, mientras que un año atrás su variación interanual fue del 5,6%.
En enero, el aumento en gastos de capital (298,8%), se explica por los recursos traspasados a las Juntas de Educación para construcción de infraestructura, en tanto, la reducción en el pago de intereses (-1,9%) obedece a que para este período no hubo grandes vencimientos de deuda que implicaran el pago de sumas considerables.
Al cierre de este primer mes, el déficit financiero resultó en 0,5% del PIB, inferior al presentado en el año 2016 (0,6%). Esto significa una reducción superior a los ¢9.400 millones. Por su parte, el déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos excluyendo intereses) fue de 0,4% del PIB, en tanto que en enero 2015 alcanzó 0,5% del PIB. Esta reducción equivale a más de ¢ 8.400 millones.
“Al terminar enero los indicadores fundamentales como déficit primario, déficit financiero, crecimiento de los ingresos y desaceleración de gastos se mantienen similares al 2016. Sin embargo, esto no marca ninguna tendencia para el año y tampoco asegura la estabilidad fiscal. Tal y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el país urge de un cambio en las leyes de renta y ventas que permitan controlar mejor y recaudar más. También necesita una regla fiscal que ordene y mejore la calidad del gasto público; la propuesta fue enviada al Legislativo hace 10 meses. Estas condiciones son fundamentales para que Costa Rica evite seguir arriesgando su estabilidad económica y social”, enfatizó Fallas.]]>
