Costa Rica tiene por primera vez este tipo de regulación.Los contratos de colaboración público- privadas son herramientas claves del gobierno para llevar a cabo su plan de reactivación y crear condiciones para seguir desentrabando el rezago en infraestructura.Resultado del trabajo conjunto del Gobierno, Cámara Costarricense de la Construcción y sectores vinculados con la actividad.Cuenta con aval de la Contraloría General de la República y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). https://www.youtube.com/watch?v=7uia4ZeN-ro
Por primera vez Costa Rica tiene una regulación de la figura de las asociaciones público-privadas, que tiene como objetivo fortalecer las alianzas entre estos dos sectores, para impulsar obras y servicios públicos, teniendo impacto directo en la reactivación económica, generación de empleo y crear condiciones para seguir desentrabando el rezago en infraestructura.
El Gobierno dejó plasmado hoy esta voluntad, mediante la firma del Decreto No. 39965-H-MP denominado “Reglamento para los contratos de colaboración público- privada”. En conjunto con varias instituciones públicas, y el apoyo de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien aportó su conocimiento técnico y la experiencia empresarial, el decreto incorpora lineamientos e institucionalidad al uso de estas figuras.
“Nuestra ciudadanía y el país se merecen todos los esfuerzos posibles para tener obra y servicios públicos de calidad, ejecutados con transparencia, eficiencia y altos controles de calidad. Es este tipo de iniciativas las que nos sirven para reactivar la economía, generar empleo y fortalecer el bienestar. Felicito este esfuerzo de autoridades de Gobierno y del sector privado que hoy nos permite firmar este reglamento que tiene la voluntad expresa de seguir trabajando juntos por Costa Rica”, indicó el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera.
La firma oficial se realizó en la sede de la Cámara Costarricense de la Construcción en presencia de representantes de todos los sectores vinculados e interesados en fortalecer las alianzas público-privadas. El mismo cuenta con el aval de la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
NORMAS, PAUTAS Y PROCEDIMIENTOS El decreto establece claramente, tanto para la Administración como para los privados, las normas, pautas y procedimientos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público- privada. Señala, además procesos de implementación y define las funciones de las partes asociadas, entre ellas, financiamiento, retribución económica, titularidad de bienes y servicios, contenido mínimo de los contratos, plazos, entre otros.
El nuevo reglamento define por contratos de colaboración público privada aquellos en que la Administración involucra y encarga a un tercero, el cual será una persona jurídica privada, el financiamiento, desarrollo y explotación de obra pública.
“Los contratos de colaboración público-privada son una herramienta concreta y útil para el desarrollo de obras en sectores estratégicos de la vida nacional. Bajo este esquema, los empresarios podrán invertir en construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización, reparación y ampliación de infraestructura nueva o existente, cuando la administración requiera que la obra se desarrolle bajo una alianza público privada” afirmó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Jorge Arturo González, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción indicó al respecto que bajo este panorama el reglamento es un instrumento muy valioso que demuestra la intención de desarrollar procesos bajo lineamientos claros y transparentes. “Esto es un gran avance, el paso siguiente es sin duda que las alianzas se plasmen, ojalá rápidamente en proyectos concretos”, expresó.
Respecto del reglamento agregó que las prácticas de contratación de APP, tan utilizada y probada ya, como procedimientos exitosos en otros países, se están haciendo cada vez más comunes, estandarizadas y codificadas, mejorando la coherencia y presentando al mercado posiciones más uniformes que incentivan la participación del sector privado.
Este tipo de reglamentos y su estandarización reducen el esfuerzo necesario para desarrollar la documentación de cada proyecto desde cero y la duración e intensidad de las negociaciones de los contratos, dando lugar a fases de contratación y ejecución más cortas y más económicas.]]>
