Compromisos en materia de derechos de las personas con discapacidad fortalece la autonomía de las personas y fortalece la igualdad e inclusión de esta población.Se refuerza atención de niñas, niños y padres de familia mediante la apertura de oficinas locales,centros de Intervención Temprana y unidades móviles.Para población adulta mayor se reforzó con la Convención Interamericana que la persona conforme va envejeciendo tiene el derecho de seguir disfrutando de una ayuda plena, independiente y autónoma. La Administración Solís Rivera continúa consolidando acciones para beneficiar a poblaciones vulnerables mediante la firma y ejecución de políticas públicas que fortalecen los derechos de las personas con discapacidad, personas menores de edad y personas adultas mayores
“Vale la pena el empeño y esfuerzo para avanzar hacia una verdadera inclusión, justicia e igualdad. La Administración Solís Rivera tiene una vocación solidaria y un norte con rostro humano, donde la apuesta mayor es hacia la justicia social. Claramente, soñamos con alcanzar una sociedad en la que todas y todos vivamos en condiciones de equidad y respeto pleno de nuestros derechos”, indicó la Vicepresidenta Ana Helena Chacón.
PERSONAS ADULTAS MAYORES Entre los avances más significativos en materia de derechos de las personas con discapacidad, Costa Rica ha realizado diversas acciones que se han implementado para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre estas destacan la firma de la Ley de Autonomía que tiene como objetivo implementar normas de relevancia contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, principalmente en los artículos, 4, 12 y 19 de la misma. Se garantiza a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, el reconocimiento de su plena igualdad jurídica y la garantía de su derecho a capacidad jurídica y a capacidad de actuar, a través de la derogación de la curatela y la interdicción contenidas desde “siempre” en el Código de Familia y Procesal Civil. Asimismo, la ley busca garantizar el derecho de una vida independiente, al establecerse la figura del asistente personal, como apoyo para el ejercicio de las actividades cotidianas más esenciales, en un marco de respeto y dignidad.
El Gobierno declaró de interés público el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad. Se crea un sistema de información de servicios y productos de apoyo, estadísticas y de documentos de forma continua, relativa a discapacidad y a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que sirva de referente para la gestión de políticas públicas, y la identificación y eliminación de las barreras en el ejercicio de sus derechos. (La Gaceta, 12 de julio de 2016). Con este sistema se avanza en la garantía del derecho de las personas con discapacidad de contar con información confiable, oportuna y actualizada sobre esta temática.
Se actualizó la Política Nacional en Discapacidad (PONADIS) para los ajustes requeridos de la principal normativa vigente en discapacidad, especialmente con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Ley 8661) y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se han implementado acciones afirmativas para fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Para ello, se implementó la Estrategia Empléate Inclusivo, con la cual se busca dar formación para las personas, y posteriormente, un enlace con las empresas para que las personas puedan acceder a un empleo digno.
Firma del Convenio con la Comisión Nacional de Emergencias en la Participación y protección de las personas con discapacidad en emergencias y desastres en América Central; el cual se aplicó por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en la reciente emergencia nacional en el Cantón de Upala, derivada por el huracán Otto.
PERSONAS MENORES Para consolidar la protección de personas menores de edad se crearon cuatro centros de Intervención Temprana para la atención de mil niños y niñas, con el fin de detectar factores de riesgo y lograr una detección temprana de vulnerabilidad. Entre el 2015 y 2016 suman ya diez centros; entraron en operación cuatro Unidades Móviles, las cuales trabajan en el acompañamiento de las familias en comunidades de alto riesgo. Se atendieron a 11.952 personas, entre niños, niñas y padres de familia. Actualmente se cuenta con ocho Unidades Móviles.
Un total de 104 Academias de Crianza funcionan para acompañar a padres y madres en la crianza respetuosa de sus hijos e hijas beneficiando a 11.551 personas adultas a cargo de menores de edad. Se entregaron 1.700 becas para adolescentes madres para que se mantengan en el sistema educativo, por un monto cada una de ¢100 mil.
Se dio la apertura de cuatro oficinas en Paraíso, La Uruca, Alajuela Oeste y San Miguel de Desamparados. Estas oficinas dan consultoría, atención, protección, prevención, promoción, entre otros servicios.
PERSONAS MAYORES DE EDAD Para la población adulta mayor se firmó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se convirtió en Ley de la República con la firma el 8 de setiembre y el 12 de diciembre fue depositada en la OEA, siendo el segundo país en depositarla después de Ecuador. Esta Convención es un instrumento normativo que reconoce que la persona conforme va envejeciendo, tiene el derecho de seguir disfrutando de una ayuda plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de su sociedad.
Se apoyo al trabajo que está haciendo el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), al estar atendiendo a 15.799 personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema, con la asignación de ¢14 mil millones.
La firma de un Convenio Interinstitucional entre CONAPAM, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Servicio de Emergencias 9-1-1, el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Tránsito; el cual permite a las Personas Adultas Mayores, no tener que desplazarse hasta las oficinas del CTP para poder interponer la denuncia. Ahora lo podrán hacer por medio de las oficinas regionales de las diferentes instituciones firmantes. Al mes de noviembre del 2016, 53 personas adultas mayores han presentado denuncias por medio de la línea 9-1-1
Se consolido la firma de convenio entre la Universidad de Costa Rica y CONAPAM, donde esta última, junto con la Facultad de Derecho, habilitaron un consultorio jurídico para que las personas mayores de edad que necesiten un consejo legal obtengan una respuesta rápida, privilegiada y oportuna a sus dudas. Al mes de noviembre se han atendido 198 consultas.]]>
