Ministro de la Presidencia expone riesgo fiscal en caso de aprobarse proyecto de ley 17 561

  • Iniciativa de Ley avala que personas que se trasladaron al régimen de pensiones de la CCSS, vuelvan al Magisterio
  • Reforma legal representaría un golpe financiero para la Hacienda Pública, CCSS y totalidad de contribuyentes

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    El Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, compareció hoy ante la Comisión Legislativa Plena Primera con el fin exponerles el riesgo que representa para las finanzas públicas la posible aprobación del expediente legislativo 17.561 “Reforma del Sistema de Pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional”.

    Dicho proyecto de ley avala el retorno de aquellos contribuyentes de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), que en un momento determinado decidieron pasarse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y ahora desean retornar al Magisterio.

    El Ministro Alfaro explicó que el retorno de este grupo de personas, que como mínimo serían 1847 y como máximo 6010, representaría para el Ministerio de Hacienda un desembolso que ronda entre ¢159 mil millones y ¢535 mil millones, en al menos 40 años, dependiendo de factores como la edad de retiro y la esperanza de vida de los contribuyentes.

    El pago para sufragar estos montos impacta no solo a la Tesorería Nacional, sino también a cada uno de los 1.400.000 cotizantes de los distintos regímenes de pensiones, quienes deberán aumentar sus contribuciones para poder financiar el retorno de quienes se beneficien con este proyecto de ley.

    “Hace pocos meses fuimos testigos de un gran acuerdo nacional donde las distintas fuerzas legislativas acordaron la aprobación de cuatro leyes que modificaban los distintos regímenes de pensiones y le permitían a la Hacienda Pública un ahorro de ¢21 mil millones en el primer año y con efectos de ahorro sostenido en el tiempo. Este gran acuerdo hoy puede quedar mermado ante la aprobación del proyecto de ley 17.561, el cual, según estimaciones del Ministerio de Hacienda involucrará un costo promedio de casi ¢11 mil millones por año” concluyó el Ministro, instando a diputadas y diputados al análisis profundo de las consecuencias de esta ley, en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país.

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