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07/12/2011 En Golfito el deposito libre y la Frontera de Panamá, muchas personas en el mes de Diciembre llega al deposito de compras por los buenos precios /Alonso Tenorio
JUDESUR carece de competencia para ordenar el cierre del Depósito, el cual opera a partir de lo que dispone la Ley 9356 y no de un acuerdo de la Junta. Cualquier acción en ese sentido sería ilegal.
No es verdad que JUDESUR se haya quedado sin presupuesto para operar el Depósito. Durante todo el año 2016, rige el presupuesto ya aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), el cual es una autorización de gastos y una programación financiera que le permite operar a lo largo de todo el periodo, el cual culmina hasta el 31 de diciembre del 2016.
Es falso que se esté poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de JUDESUR. La Ley 9356 adopta una serie de medidas (aumento del monto autorizado para compras en el Depósito, disminución del impuesto de compra de productos, del 18% al 10% para incentivar las compras, entre otras) precisamente para hacer más atractivo a las personas acudir al Depósito. Esto deberá repercutir en un aumento de las ventas, lo que compensará la disminución en los ingresos por concepto de la baja en el tributo.
La nueva ley establece un tope del 15% para gastos administrativos. Lo que se busca, precisamente, es asegurar que los valiosos recursos que administra JUDESUR, sean empleados con eficiencia, para hacer frente a sus altas responsabilidades en favor del desarrollo de la Zona Sur del país.
Decretar el cierre del Depósito, aparte de ilegal, traería graves perjuicios a JUDESUR y a las comunidades que, directa o indirectamente, se benefician del Depósito, de los encadenamientos que este genera, así como de los programas sociales financiados con los recursos generados por el Depósito. Es por ello que la Ley 9356 busca revertir la caída en las ventas del Depósito, para así fortalecer a JUDESUR y sus programas.