País devuelve capacidad de vida independiente y de actuar a personas con discapacidad

  • Ley deroga la curatela y la interdicción del Código Procesal Civil.
  • Se crea la figura del asistente personal para garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad.
  • Proyecto es iniciativa de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón junto con las ex diputadas Ofelia Taitelbaum y Lesbia Villalobos. 
  • Las personas con discapacidad (PcD) volverán a gozar de su derecho a la capacidad jurídica al eliminar las declaratorias que determinan inhábiles o incapaces a personas con discapacidad, esto mediante la firma de la Ley 9.379: Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Esta ley visibiliza a las personas con discapacidad como sujetos de derechos civiles y políticos, por lo que no se les podrá: sacar del padrón electoral, quitar los bienes para dárselos a un curador, ser sometidas una esterilización arbitraria y sin consultar. Además no se les llamara insanas y podrá opinar y decidir sobre su vida. Asimismo, las personas con discapacidad contarán con el derecho de una vida independiente, al establecerse la figura del asistente personal, quienes deberán saber cómo apoyar a las personas con discapacidad –de acuerdo a la necesidad-, siguiendo la filosofía de vida independiente. El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero y el Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada; firmaron hoy esta ley; y como testigo de honor, la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría. Con esta normativa se reafirma el compromiso para garantizar los derechos establecidos en el artículo 12 y 19 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales establecen el “reconocimiento como persona ante la ley y de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida (…) y a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad” (artículo 12) “Nos enorgullecemos de un país que de manera permanente sella su compromiso con la defensa de los derechos humanos de nuestra población.  Esta ley viene a consolidar una serie de avances que hacemos por las personas con discapacidad, para retribuir con condiciones que mejoren su calidad de vida, pero al mismo tiempo que les de dignidad”, manifestó el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera. La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, manifestó que “me llena de satisfacción y de optimismo comprobar que las luchas iniciadas años atrás den resultados como este. Hablamos de un paso enorme, de un nuevo capítulo en la historia de la defensa de los DDHH en nuestro país. Con esto, seguimos caminando, ganando espacios en términos de dignidad de las personas y también devolvemos calidad de vida a una población históricamente vulnerable. Además, ponemos fin a siglos de exclusión, de visiones discriminadoras en el ámbito específico de la restricción de la personería jurídica impuesta con la curatela y la interdicción.” Esta iniciativa fue presentada en 2009 por las entonces diputadas Ana Helena Chacón, Ofelia Taitelbaum y Lesbia Villalobos. Figura de garante para la igualdad jurídica La eliminación de la curatela y la interdicción otorga a las personas con discapacidad el derecho a decidir, el derecho de contar con un garante que vele por el cumplimiento de sus derechos humanos; y les asista en el ejercicio de sus capacidades jurídicas. Antes, estas figuras prohibían –por sentencia judicial- de manera absoluta la participación en actos jurídicos tales como: realizar contratos y ejercer el sufragio, por ejemplo. Para ello, se asignada a un curador que asumía la administración de bienes y los derechos personalísimos de las personas con discapacidad. Con esta ley la población con discapacidad vuelve a tener toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Figura del asistente personal El asistente personal brindará apoyo de manera parcial o total a las personas con discapacidad y asistirá en el ejercicio de las actividades básicas que requieran. Esta persona deberá ser mayor de 18 años y brindar apoyo a otra que sea mayor de edad; además, recibirá un subsidio por parte del Estado en caso de que la persona con discapacidad, esté en situación de pobreza. Los recursos para cubrir ese subsidio serán tomados de la renta de la lotería de la Junta de Protección Social y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Para ello, la persona con discapacidad, tendrá que realizar la solicitud en la unidad de autonomía del  Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS). Por otra parte, el Instituto Nacional de Aprendizaje creará un proceso de formación para personas facilitadoras.  ]]>