Gobierno presenta Política para atender personas en abandono o en situación de calle

  • El Estado pretende combatir las principales expresiones de la exclusión y la desigualdad social, que históricamente han afectado a esta población.
  • La inversión social aproximada es de 3.700 millones de colones para los próximos dos años.
  • Los fondos provienen del IMAS, FODESAF, CONAPAM, ICD, IAFA y la Junta de Protección Social.
  • Política Nacional es de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo.
  • El Gobierno de la República, mediante la coordinación del Consejo Presidencial Social, presentó la Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016 – 2026. La meta es disponer de servicios públicos y privados articulados, que permitan una respuesta eficaz y eficiente para la prevención, atención y protección de los derechos de cada uno de estos grupos de personas vulnerables de la sociedad. “Nuestra obligación con las y los ciudadanos que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza nos ha llevado a desarrollar esfuerzos de articulación institucional que prevengan la exposición a riesgos, brinden protección integral y reduzcan su estado de incertidumbre. El resultado de este esfuerzo y compromiso es vital en mi Administración y se plasma, una vez más, en la primera política pública de atención a personas en situación de abandono y situación de calle. Mediante esta hoja de ruta devolvemos la dignidad humana, reafirmamos el compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y reiteramos el imperativo para la acción en que las y los costarricenses tengan calidad de vida, oportunidades de desarrollo”, manifestó el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera durante el acto de presentación de esta política pública. Este resultado se cumplirá a finales del 2017, mediante un plan de acciones gubernamentales y no gubernamentales, articuladas, oportunas, sistemáticas y sostenibles, para la prevención, atención y protección de los derechos de las personas en situación de abandono o en situación de calle. Las personas en situación de abandono, son aquellas de 0 años en adelante, con  factores de riesgo que inciden en la falta o insuficiencia de respuesta del grupo familiar, de convivencia o de redes de apoyo comunitario. Las personas en situación de calle, son hombres, mujeres o grupos familiares, sin distinción de género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual o religión, sin hogar o residencia habitual. Esta Política es una respuesta que potencia y fortalece los esfuerzos intersectoriales, interinstitucionales en el ámbito público y privado y cuenta con una inversión social de ₵3.700 millones de colones. La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, comentó que “seguiremos luchando con ahínco a favor de las poblaciones más vulnerables, aquellas más olvidadas y discriminadas históricamente. Por ello, desde el primer día, nos hemos propuesto revertir esa situación, para dar voz, espacio y oportunidades a quienes más lo requieren. Nos interesa garantizar los derechos de las personas que habitan el territorio nacional y proteger a quienes no cuentan con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas efectivas para el mejoramiento de su calidad de vida. Esta política nos reafirma que trabajando en conjunto y sumando esfuerzos, podemos dar verdaderas soluciones”. Plan de acciones. Se creará un sistema de respuesta rápido, efectivo y un registro único y actualizado de personas abandonadas en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
    Planes de acción
     
    AbandonoSituación de calle
    EjesEjes
    Prevención y atenciónPrevención y atención
    Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional
    Derechos para mejorar la calidad de vidaProtección y Reconocimiento de Derechos
      Para lograr su atención oportuna, se fortalecerán las modalidades de protección y cuido como familias solidarias, hogares independientes, hogares multifamiliares, institución residencial, residencias privadas y albergues transitorios, además de mejorar las redes locales, y espacios de albergue debidamente acondicionados para una atención adecuada. También se habilitarán espacios para la protección, formación e inclusión socio-laboral, mediante la articulación interinstitucional en los Centros de Desarrollo Humano e Inclusión Social, (CEDHIS), con el fin de que cada vez sean menos quienes habiten en las calles y más quienes tengan oportunidades de superación. “El Estado tiene una deuda histórica con las personas en situación de abandono y situación de calle, quienes padecen pobreza y desigualdad en el acceso a sus derechos fundamentales. Con esta política ratificamos nuestro compromiso con Costa Rica, con su gente y con el rostro de aquellos y aquellas que menos tiene; es nuestro deber velar por mejorar las condiciones de vida, sin distinción de edad, etnia, orientación sexual, género, personas usuarias de sustancias psicoactivas, condición migratoria, condición de salud o discapacidad” puntualizó el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS, Emilio Arias Rodríguez. Para garantizar su actualización permanente, según los requerimientos y necesidades de las personas en situación de abandono y situación de calle, la política será evaluada de manera periódica e incluirá el avance y resultados esperados para los tres ejes de ambos planes de acción. La iniciativa se originó a partir de la alianza estratégica entre la Comisión Intergerencial de Abandono de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y el Despacho de la Viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social. A partir de esta alianza, se integró un equipo de trabajo integrado por profesionales del IMAS, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN),  del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (COPNAPDIS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). La política será de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo durante todo su período de ejecución, una vez publicado el decreto en el Diario Oficial La Gaceta.]]>