1-Las cifras al cierre del primer cuatrimestre del 2016 confirman que el gobierno mantiene una estricta política de contención del gasto y desmienten la información de La Nación. Al cierre del primer cuatrimestre del año el gasto se desacelera, las cifras fiscales muestran una disminución cercana a los ¢86.000 millones en el déficit primario (ingresos menos gastos sin intereses) y cercana a los ¢38.500 millones en el déficit financiero. En términos del PIB, el déficit financiero bajó de 1,9% a 1,6%, mientras que el primario pasó de 1% a 0,7%, de abril 2015 a abril 2016. Estos esfuerzos se lograron a pesar del incremento del 19% en el pago de los intereses, dentro del Presupuesto de la República. 2- Las Directrices de Política Presupuestaria fomentan la calidad del gasto al promover una mayor inversión pública y es solo para instituciones descentralizadas con recursos propios y disponibles. El principal propósito de las directrices, a las que se refiere la nota periodística, es fortalecer la inversión pública, ampliando las posibilidades de operatividad de gestión de las instituciones descentralizadas que disponen de recursos para ello. Por eso permite a entidades públicas utilizar su superávit de años anteriores o sus recursos propios, en proyectos de interés nacional que sean financieramente sostenibles. Aquí no hay incremento de gasto por deuda, como erróneamente se hace creer en la publicación de La Nación al omitir las fuentes de financiamiento de estas nuevas erogaciones. La idea es aprovechar recursos ociosos en acciones de interés nacional. Es importante aclarar que los recursos que las instituciones descentralizadas incorporan en sus presupuestos corresponden, principalmente, a sumas que ya disponen en sus cuentas bancarias, generadas por los superávit libre o específico que tengan o que se generan de su propia actividad y que ya son una previsión de gasto. Es decir, el Gobierno no ha tenido que asignar recursos adicionales para financiar estas ampliaciones, por lo tanto, no afectan al Presupuesto Nacional. 3-Nota periodística poco rigurosa. Las Directrices de Política Presupuestaria propuestas por la Autoridad Presupuestarias y un Proyecto de Responsabilidad Fiscal son instrumentos legales con objetivos muy distintos. No se puede inferir el impacto sobre la situación global de las finanzas públicas a partir del contenido de las Directrices, cuyos efectos se espera sean a muy corto plazo y con un límite de acción más reducido. 4-Las Directrices no son comparables con una regla fiscal. Tanto las directrices emitidas por el Gobierno en materia de gasto como el proyecto de Ley para la sostenibilidad de las finanzas públicas buscan desacelerar y ordenar el gasto público; sin embargo, cada cual se emite con alcances distintos, como se expresa en el punto anterior. El proyecto de ley sobre regla fiscal presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa tiene como principal objetivo crear una disciplina en materia de gasto a mediano y largo plazo. En otras palabras, una regla riscal apunta a la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, luego de la aprobación de otros proyectos de gastos e ingresos, pero de ninguna manera es asimilable o sinónimo de una directriz, enfocada en objetivos inmediatos. 5-Alcances de las Directrices no impactan en el Presupuesto Nacional. El verdadero déficit se genera en el Gobierno Central, por eso el Gobierno procura disminuirlo con acciones como la reducción de 25.000 millones de colones incluidos en el presupuesto extraordinario, que se enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa y que demuestra, una vez más, el compromiso de esta Administración con la desaceleración del gasto público. El artículo 7° del Decreto Ejecutivo No.38915-H, modificado mediante el Decreto No.39406-H, publicado en La Gaceta No.10 del 15 de enero 2016, indica: “En casos debidamente justificados las entidades públicas y órganos desconcentrados podrán solicitar ampliaciones del gasto presupuestario máximo, para financiar gastos ineludibles, programas y proyectos que sean prioritarios para atender una necesidad del país, que cuenten con estudios de factibilidad, cuando corresponda y orientados directamente a la población objetivo y a mejorar el servicio público (…).” Esta medida no aplica para los ministerios y por lo tanto no tiene impacto en el Presupuesto Nacional. Es importante recordar que para poder aumentar el gasto de los ministerios, el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea Legislativa un Presupuesto extraordinario para su discusión y aprobación. Por todo lo expuesto, es claro que el Gobierno se mantiene firme en sus acciones para controlar el déficit fiscal y que las directrices emitidas en ese sentido están dando resultados, aunque son urgentes nuevas leyes para mejorar la recaudación y aumentar los ingresos. ]]>
