La protesta social es un derecho democrático. Lo he repetido muchas veces. Impedir que los pueblos y sus organizaciones manifiesten su disconformidad con quienes gobernamos constituye una amenaza contra el Estado de Derecho y, como lo ha indicado la Sala Constitucional de forma reiterada, resulta una clara violación a los principios y valores, espíritu y letra contenidos en nuestra Carta Magna.
Enmarco en ese precepto a la convocatoria a huelga general realizada por un conjunto de organizaciones gremiales que mañana y pasado mañana han organizado jornadas de protesta social en todo el territorio nacional.
Deseo a ese respecto, trasladar a la ciudadanía algunas reflexiones.
En primer lugar, resulta esencial recordar que tan democrático es el derecho a la protesta, como el derecho del resto de la población de no verse paralizada, inmovilizada, desprotegida o puesta en riesgo por ella.
Es decir, que resulta esencial que quienes se sumen a la huelga comprendan que hay otros –la mayoría de la población- que no lo hará. Y esas personas, que incluyen pacientes en los hospitales y otros centros de salud así como las niñas, niños y jóvenes estudiantes y sus familias, no tienen por qué verse sometidos a las limitaciones y tensiones que las situaciones de huelga provocan.
En segundo lugar la protesta se justifica cuando no existen los espacios en donde llevar a cabo el necesario diálogo social, para atenderlas de manera oportuna, cierta y expedita. Este no es el caso ya que tenemos una vocación de diálogo y apertura.
A ese respecto, tanto en lo que se refiere a proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa, como temas propios del Magisterio Nacional, del sector salud o de cualquiera otro, deseo señalar que todas las mesas de negociación y diálogo están abiertas. Y más aún, que en todas ellas se encuentran en discusión todos los temas considerados prioritarios por los movimientos gremiales.
Este es el camino que hemos establecido en los procesos de renegociación de convenciones colectivas abiertos, en los cuales se está revisando y eliminando las cláusulas que se consideran abusivas, pero de igual manera reconociendo su plena validez en el marco jurídico costarricense e internacional.
Pocas Administraciones han auspiciado el diálogo social tanto como ésta, y si los sectores desean resolver de forma fehaciente los problemas que apuntan, debería ser en esos espacios ya existentes y plenamente vigentes en donde ellos se produzcan.
En tercer lugar, esta Administración ha dado muestras claras y concretas de tener un sólido compromiso con la educación pública, la salud pública y con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Ya se están ejecutando $189 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura escolar; he defendido y continuaré haciéndolo, el financiamiento de la educación superior; hace cuatro días, suscribimos un empréstito con el Banco Mundial por $420 millones de dólares que, si es aprobado como lo será por la Asamblea Legislativa, se utilizará para pagar casi el 50% de la deuda del Gobierno Central con la CCSS.
A ellos se suman los ₡ 25 mil millones pagados con el mismo propósito el año pasado, y el notable avance en infraestructura médica (tres nuevos hospitales) y mejoramiento de los servicios administrativos y del primer nivel de atención que dichos recursos frescos permitirán.
La Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo ya atiende a 27.388 familias en pobreza extrema. El Programa Tejiendo Desarrollo ya marca huella en todo el país con 32 proyectos socio productivos priorizados y en el proceso de financiamiento para atender demandas surgidas desde los territorios; cambiando el mapa de la gobernanza y fortaleciendo la descentralización del Estado.
Nuestras propuestas fiscales, que hoy ya se encuentran todas en la Asamblea Legislativa, buscan precisamente garantizar que existan a futuro los recursos necesarios para mantener el Estado solidario. Ello, sin desequilibrar la producción ni el crecimiento económico, pues ya nadie puede ocultar el hecho que Costa Rica crece a niveles superiores al 4% anual (dos veces el promedio latinoamericano), con cero inflación, tasas de interés a la baja, estabilidad monetaria y niveles de empleo todavía insuficientes pero en mejoría. Así las cosas, ¿qué duda cabe que este Gobierno está preocupado por los más pobres? ¿Quién puede dudar que respetamos y apoyamos a los trabajadores honrados del sector público que son precisamente quienes tienen la enorme responsabilidad de hacer realidad el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué se quiere generar dudas sobre el compromiso de esta Administración con el cambio progresivo y la justicia social? ¿No fue éste Gobierno el que defendió la Ley Procesal Laboral, declaró a los ríos Savegre y Pacuare libre de represas por los próximos 25 años, ordenó los territorios marinos e hizo posible la Fertilización In Vitro para las familias que desean pero no pueden tener la alegría de ser padres y madres? La huelga convocada mañana y pasado mañana no tiene justificación. Sus objetivos se pueden lograr sin paralizar el país, sin producir desorden en las calles y sin lesionar los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Quienes apelan al derecho a la protesta deben recordar que no hay un solo punto en sus demandas que no se encuentre presente, o pueda ser incorporado, a las negociaciones en curso. Y sobre todo, Costa Rica tiene el derecho de pedirles que en estos días no haya violencia ni se impida a quienes tienen derecho a moverse y trabajar, ejercerlo sin temor y sin ser amedrentadas o amedrentados. Esa solicitud no es del Presidente sino de la gente. De la gente que sabe que su derecho mayor no es la protesta, sino el poder trabajar y progresar en paz. MUCHAS GRACIAS
]]>
