Se hará en conjunto con población indígena compuesta por 8 pueblos y 24 territorios.Costa Rica salda deuda histórica y da un salto en materia de Derechos Humanos.Entablar diálogo, incorporar su perspectiva en políticas públicas y respeto a los derechos humanos son fortalezas de este proceso. 
Costa Rica da un salto en materia de Derechos Humanos, con la emisión que hace el Gobierno de la Directriz N° 042-MP, en la que inicia el proceso de construcción de un mecanismo de consulta a los Pueblos Indígenas del país.
La Consulta a Pueblos Indígenas es la obligación del Estado de consultar de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
El documento, firmado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, marca el banderazo de salida de una ardua labor que desarrollarán los pueblos indígenas y el Gobierno en conjunto.
La Directriz también establece que el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano será la entidad encargada de llevar al proceso. Este despacho liderará la Comisión Interinstitucional para la Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, creada con la Directriz.
Al respecto, la Viceministra, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, afirma: “El Estado costarricense ha acumulado una lista muy amplia de deudas con los pueblos indígenas a lo largo de la historia, por lo que para esta Administración, es un reto lograr consolidar una de las demandas de más larga data en nuestro país, como lo es el mecanismo general de consulta. Este proceso es un ejercicio colectivo y participativo que pretende dar como resultado un mecanismo al que se de uso para toda la institucionalidad y que ya no haya más excusas para consolidar proyectos que garanticen el bien común de los territorios indígenas como lo son caminos, puentes, acueductos y representaciones ante organismos internacionales. Esta es una acción de la Administración Solís Rivera en la ruta para consolidar los derechos humanos de todas las poblaciones”.
La elaboración de la Directriz contó con la colaboración de instituciones públicas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la asesoría del profesor James Anaya, especialista en Asuntos Indígenas.
El Gobierno asegura que el proceso de construcción del mecanismo será resultado del diálogo y no de la imposición. Es por eso que establece una hoja de ruta general, en la que los Encuentros Territoriales serán los encargados de definir la metodología del proceso, los principios rectores y el contenido del Mecanismo.
Personeros del Viceministerio y de las instituciones involucradas visitarán los 24 territorios indígenas del país para informar a la población sobre el proceso y desarrollar los Encuentros. Así, serán las mismas poblaciones indígenas quienes establezcan quiénes deberían participar de una consulta o cómo debería hacerse esta, por ejemplo.
La Directriz establece que este proceso “constituye un paso de gran relevancia para la realización de sus derechos humanos. El derecho a la consulta, más allá de un fin en su mismo, es un mecanismo para garantizar el derecho a la participación y salvaguadar todos aquellos derechos fundamentales de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por las decisiones administrativas o legislativas”.
La obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas deriva de varios tratados internacionales como el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como instrumentos jurídicos costarricenses.]]>
