Propiciar que la ciudadanía en condición de vulnerabilidad acceda a su derecho humano a un albergue digno, es la razón por la que a partir de una nueva circular, el Registro Nacional priorizará el proceso de formalización de cualquier proyecto habitacional declarado de interés social.
Hasta ahora, tras la construcción, supervisión y segregación de un desarrollo habitacional declarado de interés social, transcurrían entre 2 y 6 meses para que concluyera el trámite de formalización de la obra y cada familia beneficiada pudiera trasladarse a su nueva vivienda.
La medida evitará que las empresas constructoras y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) deban incurrir en gastos de mantenimiento y seguridad para el resguardo de los proyectos finalizados, mientras que las familias tendrán más rápido acceso a sus viviendas.
El atraso en la entrega de un proyecto concluido ha obligado a las empresas constructoras a cubrir millonarios gastos adicionales de mantenimiento y al Banvhi a velar porque los inmuebles, no sea vandalizados o invadidos, mientras que las familias siguen a la espera de la entrega de sus viviendas.
La Viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ana Cristina Trejos Murillo, resaltó la importancia de esta alianza con el Registro Nacional, misma que agilizará la entrega de los títulos de propiedad a las familias beneficiarias del bono de vivienda.
“Esta medida forma parte del esfuerzo del Gobierno de la República por simplificar trámites en beneficio de la ciudadanía. El impacto del trato preferencial a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad social, es una acción afirmativa que agilizará el acceso a su derecho a una vivienda digna, en este caso financiada con recursos públicos”, explicó la jerarca.
Por su parte Agustín Meléndez, Director General a.i. del Registro Nacional, señaló que en los últimos años, la institución que representa ha disminuido significativamente los plazos de calificación e inscripción de documentos, ofreciendo servicios de calidad y seguridad jurídica a los usuarios.
“Bajo este proceso de mejora continua que tiene la institución, se evidenció la necesidad de establecer un mecanismo de priorización en las gestiones que involucren un desarrollo habitacional declarado de interés social, lo cual se estableció con la Circular DRI-002-2016, emitida por el Director del Registro Inmobiliario y cuyo objetivo es lograr una mejor prestación de los servicios públicos a las poblaciones que se encuentren en condiciones de riesgo, vulnerabilidad y pobreza”, enfatizó Meléndez.
La medida es de aplicación inmediata desde su oficialización el pasado 18 de febrero del 2016 y beneficiará a alrededor de las 10 000 familias que cada año reciben una vivienda de interés social en modalidad de casa individual, condominio o urbanización.
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