Inicia construcción de dos nuevas Unidades Productivas Penitenciarias

· Obras estarán terminadas en 11 meses a partir de la orden de inicio del contrato.

San José, 08 de febrero, 2016. La Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social adjudicó la licitación la construcción y equipamiento de dos unidades productivas penitenciarias en San Rafael de Alajuela y Pococí de Limón.

En el caso de la unidad productiva de San Rafael de Alajuela se adjudicó a la compañía constructora Van Der Laat y Jiménez S. A. por un monto de US$18.464.695 y la unidad de Pococí a la empresa constructora Volio & Trejos Asociados S. A. por US$20.758.986.

El 1.° de octubre del 2015 se publicó el anuncio para que las firmas interesadas en participar enviaran sus propuestas técnicas y económicas. El proceso de selección siguió los procedimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las empresas adjudicatarias tendrán un plazo de once meses a partir de la orden de inicio del contrato para entregar las obras y deberán cumplir con un 10% del monto total de la obra como garantía de cumplimiento. En este momento, el proceso se encuentra en esta fase de las garantías.

La construcción de esas unidades productivas forma parte del contrato de préstamo N.° 2526 OC/CR entre el Gobierno de Costa Rica y el BID, bajo la Ley N.° 9025 que creó el Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social.

Cada una de las obras adjudicadas tendrá una extensión de 10.000 metros cuadrados.

Las unidades productivas funcionarán como centros educativos y laborales que permitirán a las personas privadas de libertad aprovechar y ocupar el tiempo facilitando su reinserción en la sociedad.

La funcionalidad de su diseño, modelo de atención y gestión responden a los más altos estándares de calidad y seguridad internacionales para este tipo de estructuras.

Para la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, “con este modelo, el país propone una nueva forma de abordar la sanción penal que implicará una ruptura con las estructuras penitenciarias tradicionales. De allí la trascendencia de un proyecto que busca la inserción y la humanización de la cárcel en beneficio, no solo de quienes entran al sistema, sino de todo el país en general que contará con un modelo más respetuoso con los valores constitucionales y democráticos que nos inspiran”.

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