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Listo proyecto temporal con 34 viviendas con acceso a agua y electricidad construido en alianza con Techo y la empresa privada.
A todas las familias se les ofreció subsidios de alquiler, por un año a partir del desalojo.
Se abrirá un albergue temporal para atender a las familias que no aceptaron soluciones de vivienda.
Proyecto productivo con el INDER estará listo en el segundo semestre de este año.
El Gobierno de la República ejecutó una serie de acciones con el fin de atender las necesidades de las familias afectadas por el desalojo de la Finca Chánguena en Palmar Sur de Osa. Este plan involucra un proyecto temporal con 34 viviendas construidas que cumplen con los estándares de habitabilidad y salubridad (agua potable y energía eléctrica ya instalados), subsidios de alquiler por un año y el traslado a un albergue mientras se concreta la solución definitiva.
El albergue temporal se ejecutará en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y estará ubicado en el Club #1, Zona Americana de Palmar Sur de Osa. Este recinto contará con capacidad para albergar a 150 personas quienes tendrán acceso a alojamiento, condiciones sanitarias y alimentación.
“Hemos tenido un acompañamiento permanente con las familias para que las acciones se desarrollen con el respeto de la dignidad y los derechos humanos, así lo reafimó la Sala Constitucional en la resolución 2016001316, donde corrobora que el Poder Ejecutivo ha tomado las previsiones correspondientes para afectar en lo menos posible los derechos fundamentales de los habitantes de la Finca”, indicó la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte.
De forma paralela se está desarrollando un proyecto productivo con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que estará listo el segundo semestre del presente año. Dicho proyecto se convertirá en la medida definitiva para garantizar la estabilidad productiva y habitacional de las familias.
Ante la presentación de estas tres soluciones es importante resaltar que algunas familias no aceptaron ninguna de las opciones temporales ya que argumentaron tener casas o parcelas en otros lugares. Otras plantearon haber recibido supuestas amenazas por parte de algunas dirigencias comunales de ser sacados del proyecto productivo en caso de aceptar alguna de las soluciones.
Ante esta afirmaciones, tanto la Gerente del INDER Diana Murillo, como la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga informaron, en asamblea abierta con las familias, que solo el INDER puede definir quienes ingresan o no a un proyecto productivo, además, que el censo de beneficiarios cerró en agosto del 2015, por lo que los individuos que hayan ingresado a la Finca después de esto, no podrán disfrutar del proyecto. CRONOLOGÍA DEL DESALOJO Ante una acción interpuesta por Oscar Echeverría Heigold, la Jueza Lorena Montes de Oca Monge dictó la orden judicial 1159-15 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la cual establece el desalojo definitivo de las familias ubicadas en Finca Chánguena.
“El Gobierno ha intentado detener este desalojo desde el 28 de julio del 2015, cuando solicité a la Procuraduría General de la República suspender este proceso y aclarar la legitimad de Echeverría Heigold para solicitar el desalojo. La acción se rechazó el 29 de julio del 2015”, recordó la Viceministra Zúñiga Aponte.
El Gobierno negoció con Echeverría Heigold que retrasara el desalojo; inicialmente él lo aceptó, pero luego siguió adelante con el proceso. El 30 de julio del 2015 inició un primer desalojo, de manera tranquila. Sin embargo, las familias decidieron bloquear el puente de Palmar Sur.
Para el día 1 de agosto del 2015, el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, inició un proceso de diálogo, mediación que además contó con la participación de Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional, gracias a este proceso se logra el acuerdo de no bloquear el tránsito de vehículos y sacar a la población vulnerable del puente.
El 14 de agosto del 2015 el diálogo se vuelve a romper. En la madrugada del 15 de agosto las familias regresaron a ocupar la finca por lo que Echeverría Heigold presentó una nueva acción judicial. El 23 de setiembre del 2015 el Tribunal ordenó un segundo y último desalojo, con un plazo máximo de tres meses para ejecutarlo. Ante esta situación se realizaron acciones de impedimento con el fin de que este desalojo no ocurriera durante la Navidad del 2015 y se logró detenerlo para esas fechas, sin embargo la ejecución ahora es inminente.
Ana Gabriel Zúñiga Aponte sobre desalojo de Chánguena
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