Convenio crea instrumentos para combatir delitos contra el ambiente

Convenio establece que Instituciones pueden juzgar a los detractores de forma rápida y segura.

Proteger la biodiversidad para que Costa Rica esté segura que se castigará cada delito que se cometa contra la riqueza natural

Convenio firmado será por tres años con posibilidad de extensión.

La creación de instrumentos modernos, dotación de recursos, mejora en investigaciones y el fortalecimiento de capacidades para combatir los delitos ambientales es el resultado del trabajo, que mediante un convenio con vigencia de 3 años prorrogables por períodos iguales, firmaron el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Garantizar las medidas para el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, son parte de las acciones que emprenden el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, dada la obligación del Estado a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.  Esa obligación debe incluir la conservación del patrimonio natural que es la base del desarrollo de un país. La amenaza por delitos al ambiente, biodiversidad y recursos naturales genera problemas a la economía, desestabiliza la institucionalidad y afecta las comunidades, con un gran impacto en la seguridad nacional. “Continuamos con estos esfuerzos nacionales que nos permiten alcanzar importantes acuerdos para Costa Rica.  Este paso que damos hoy contribuye con evidenciar la importancia de la Seguridad Ambiental y además reconoce que, un país más seguro es aquel que permite el acceso y el uso sostenible de sus recursos naturales, con ecosistemas productivos y saludables para mejorar la calidad de vida de su población”, señaló el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera. Dentro de los acuerdos establecidos en el convenio, se establece la creación de una comisión en la que participen las diferentes instituciones estatales, a fin de promover un conocimiento uniformado y consolidado de la materia penal ambiental del país. “El combate de los delitos ambientales constituye una prioridad de los Estados, debido al impacto negativo que acarrean, resulta necesario continuar realizando esfuerzos permanentes para lograr una mayor eficacia en la denuncia, investigación y juzgamiento de estos delitos, de igual forma debemos enfocar esfuerzos hacia la sensibilización de la población” agregó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva. COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD AMBIENTAL El objetivo de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental será promover la coordinación entre los entes nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la aplicación y cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental, en el ordenamiento costarricense. La Comisión está integrada por tres grupos de trabajo: el Grupo Director, el Grupo de Investigación y los Puntos Focales. El Director coordinado por la Fiscalía General podrá delegar esta función a la Fiscala o Fiscal Adjunto Ambiental. El de Investigación estará integrado por los distintos entes policiales y la Fiscala o fiscal del caso. El de Puntos Focales lo integran un fiscal o fiscala de enlace en cada circuito judicial del país, una persona representante de la Sección de Delitos Varios, una persona representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), una persona representante de la Policía Ambiental de la Dirección de Seguridad Ambiental del Ministerio de Seguridad Pública, una persona representante de la Procuraduría General de la República, entre otras. “Costa Rica ha tenido la bendición de poseer el seis por ciento de la biodiversidad del planeta. Poseer tal riqueza demanda un compromiso conservacionista ineludible. Hemos hecho nuestro trabajo, así lo demuestra la atención de los 661 incidentes ambientales reportados durante el año 2015”, destacó el Ministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega. La Comisión se comprometió a legislación ambiental existente, entre ellas la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente que estipula que el daño ambiental constituye un delito social, económico y cultural.  “Este es otra gran paso que damos en esta administración para la protección de la Biodiversidad que tenemos en nuestro país, con esta Comisión, Costa Rica puede estar segura que castigaremos fuerte cada delito que se cometa contra nuestra riqueza natural y no nos temblará la mano para enviar a la cárcel de ser necesario, una vez que sea comprobado el acto de delincuencia”, expresó el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez.]]>