Al 31 de diciembre de 2015, el Ministerio de Seguridad Pública ejecutó ¢209,784.00 millones de colones lo que representó un 90% del total de recursos asignados.
Del restante 10% no ejecutado (¢23.653.7 millones), cerca de ¢7,959.2 millones deberán aplicarse en el presente periodo. Esto por cuanto las gestiones de compra de bienes o servicios no fueron concluidas, quedando pendiente la recepción a satisfacción del respectivo bien o servicio.
El Ministerio de Seguridad Pública catalogó como exitosa la ejecución de sus finanzas a favor de la seguridad del país.
En la partida presupuestaria para remuneraciones el Ministerio ejecutó 159.527.699.565,00.
En servicios la inversión fue de 23.187.816.151,66; Materiales y suministros consistió en 25.901.007.410,20.
Mientras que en bienes duraderos significó 20.917.588.494,00, en transferencias corrientes 3.864.551.270,61 y en cuentas especiales 39.000.000,00 de colones.
Fue gracias a la labor del personal de dicha cartera que lograron la compra de patrullas, microbuses,motos,cuadraciclos y bicicletas. Asimismo, el Ministerio invirtió en avituallamiento, remodeló varias delegaciones policiales e invirtió en infraestructura.
“La Directriz Presidencial 23-H definió que por cada 7 plazas vacantes administrativas se podía llenar únicamente una, lo que sin duda también ha generado sobrantes en la partida “Remuneraciones” expresó la viceministra de Seguridad, Bernadita Marín.
De acuerdo con la jerarca, la administración del Ministerio de Seguridad realizó esfuerzos por contener el gasto; en cumplimiento de la directriz presidencial.
Igual situación se presenta con otros proyectos constructivos que inician su ejecución en el 2016, luego de que en el 2015 se realizaran los concursos pertinentes.
Hay que señalar que los procesos de contratación administrativa para temas de construcciones y reparaciones son normalmente largos y en los últimos años se le ha adicionado un elemento que lo complica aún más, y son las constantes recursos que en diferentes momentos del proceso interponen empresas constructoras que se consideran afectadas si no son adjudicatarias.
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