Defensoría de los Habitantes asume funciones del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- Para funcionamiento idóneo se contratará personal con discapacidad.
- Se crea Sistema de Información sobre Discapacidad como plataforma oficial de coordinación, vinculación institucional y articulación sectorial en Costa Rica, coordinado por CONAPDIS.
- Ambas directrices se enmarcan en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Gobierno de Costa Rica garantiza los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mediante una política pública, que crea el Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que asume la Defensoría de los Habitantes-, y la creación del Sistema de Información sobre Discapacidad.
Con ambas medidas se blinda el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad y disminuir la discriminación implacable que ha sufrido esta población a lo largo de la historia.
Para la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, estas medidas “resguardan los derechos humanos ya que para su cumplimiento toman en cuenta las diversas particularidades de la población. El Gobierno de la República trabajar por construir políticas públicas que promuevan mayor igualdad, de ahí la importancia de crear un sistema que nos permita conocer las características de la población con discapacidad. Además, medidas como el Mecanismo Nacional de Supervisión, son de suma importancia para certificar que efectivamente estamos cumpliendo con los acuerdos internacionales.”
El Poder Ejecutivo oficializó la designación de la Defensoría de los Habitantes de la República para este nuevo avance en derechos humanos. El eje central de las funciones de la Defensoría de los Habitantes será ejercer la promoción, protección y supervisión en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tal como indica el Decreto Ejecutivo 39386, el cual establece que para la ejecución de esta rectoría, la Defensoría deberá priorizar la contratación de personal con discapacidad para el ejercicio de las funciones.
Se asigna a la Defensoría de los Habitantes por ser el único ente estatal que cumple con los Principios de París, los cuales dictan una serie de lineamientos a las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, para que sean más efectivas. Además, se elige a la Defensoría porque tiene la estructura para fortalecer sus capacidades con el presupuesto y los recursos adecuados en el cumplimiento de este mandato. Para ello, se autoriza al Ministerio de Hacienda para que asigne el capital necesario y suficiente.
“Costa Rica a lo largo de los años ha mantenido una deuda en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Son reiterados llamados que la Defensoría de los Habitantes viene realizando desde su creación en aras de que se eliminen las barreras que limitan la autonomía e independencia de esta población. Transporte público y edificios inaccesibles, mal estado de las aceras, irrespeto de los parqueos reservados, desempleo, acceso a la comunicación e información, son algunas de estas barreras. De ahí la necesidad de que el Estado siga sus esfuerzos en fortalecer una política pública que garantice los derechos de esta población”, señaló la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
PLATAFORMA OFICIAL DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN El Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, será la plataforma oficial de coordinación, vinculación institucional y articulación sectorial del Estado costarricense, cuyo objetivo es facilitar la gestión y distribución del conocimiento de la información nacional sobre discapacidad y derechos de este sector. Estará coordinado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Este sistema será un recurso de productos de apoyo, estadísticas y de documentos de forma continua, que sirva de referente para la gestión de políticas públicas, la evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales, la identificación y eliminación de las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Propiciará la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas, con la participación en red de los sectores públicos, organizaciones no gubernamentales y privados, según se detalla en el Decreto Ejecutivo 39419.
Ambos decretos se enmarcan en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vela por el respeto y protección de los derechos de esta población.
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