Siete de cada 10 privados de libertad reubicados cumplen su sentencia en los próximos tres años

San José, 10 de noviembre, 2015. Siete de cada 10 privados de libertad reubicados en el nivel semiinstitucional, como parte de las medidas extraordinarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales de reducir el hacinamiento, cumplirá su pena en los próximos tres años.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Criminología (INC), órgano encargado de realizar las valoraciones de cada caso, a este momento, 570 personas han sido trasladadas al Programa Semiinstitucional del Ministerio de Justicia y Paz entre el 15 de setiembre y el 2 de noviembre. Desde entonces, no ha habido más reubicaciones.

Eso quiere decir que, de las personas trasladadas a un régimen semiabierto, siete cumplen su condena en el 2015, 91 en el 2016, 147 en el 2017 y 141 en el 2018, lo que corresponde a un 67,7%, mientras que apenas un 32,3% cumplirán en el 2019 (128) y 2020 (56), tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Por otro lado, de acuerdo con el análisis de la población, el 72,3% había sido condenado a penas de hasta seis años, un 23% a penas de hasta 10 años y un 4,7% a penas de hasta 20 años, los cuales ya están muy próximos a cumplir su sentencia con el descuento de ley. Así lo refleja, la siguiente imagen:

El INC fijó requisitos muy estrictos para excluir delitos asociados al crimen organizado, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de órganos, trata de personas, tráfico internacional de armas de fuego y material nuclear, legitimación de capitales, terrorismo, homicidio, delitos contra los deberes de la función pública, violencia sexual e intrafamiliar y secuestro.

Por lo tanto, se valoraron otros delitos menos gravosos, de manera que de las 570 personas, el 63,3% cumplía una sentencia relacionada con delitos contra la propiedad, un 33,9% por delitos ligados a las drogas (como cultivo, tenencia, venta o transporte siempre y cuando no formaran parte del crimen organizado), y el 2,8% restante por estafa, portación de arma, conducción temeraria, receptación, etc.

El Ministerio de Justicia y Paz ha insistido en que esta medida responde al cumplimiento de las reiteradas órdenes de la Sala Constitucional para reducir el hacinamiento penitenciario a niveles aceptables, por debajo del 20%, así como de, al menos, 18 fallos de los Juzgados de Ejecución de la Pena de todo el país que ordenaron el cierre de 11 centros penitenciarios y que se tomaran las medidas necesarias para reubicar a la población en otros espacios.

En un ejercicio responsable, esta cartera ha llevado a cabo un proceso riguroso de selección de las personas más próximas a cumplir su condena, tal y como lo reflejan las estadísticas, con el fin de garantizar que los beneficiarios cumplirán con las condiciones para permanecer ligadas al sistema penitenciario en los distintos Centros de Atención Semiinstitucional.

Con esta medida, el MJP logró reducir el hacinamiento penitenciario de un 52,1% (al 15 de setiembre) a un 46,3% (al 10 de noviembre), pues hay 13.361 personas en el Programa Institucional, en espacios con capacidad para 9.130.

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