El Gobierno de la República aclaró este martes que no existe ninguna política de liberación de privados de libertad de las cárceles del país, sino que, como siempre ha ocurrido desde los años de 1970, y como parte del proceso de ejecución de las penas normal, se dan traslados del régimen cerrado al semiinstitucional.
El viceministro de Justicia, Marco Feoli, negó categóricamente versiones dadas por algunos medios de prensa que han inducido a sectores de la población a creer que el Ministerio de Justicia está abriendo las puertas de las cárceles.
Feoli dijo que para que los privados de libertad pasen de un régimen cerrado, de estar en prisión durante toda la pena, a uno semiinstitucional donde pueden salir a trabajar e incluso dormir algunos días en la casa de su familia, deben cumplir con una serie de requisitos, supervisados por psicólogos y especialistas.
Feolí también manifestó que ante el nivel de hacinamiento del sistema penitenciario, existen más de 20 resoluciones de jueces de ejecución de la pena y de la Sala Constitucional que ordenan resolver el problema. Estas resoluciones son de acatamiento obligatorio, de no cumplirse, los funcionarios se exponen a ser sancionados, incluso, penalmente.
Feoli dijo que en el año 2009 un total de 896 privados de libertad pasaron del régimen cerrado al semiinstitucional; en el 2010 fueron 920; en el 2011 un total de 1475; en el 2012 fueron 1920; en el 2013 llegaron a 2754 y en el 2014 fueron 1400.
“Los 570 traslados –del presente año– siguieron un proceso riguroso a cargo del Ministerio de Justicia. Ese es un hecho normal en nuestro sistema penitenciario”, dijo Feoli, quien afirmó que no se puede decir que cerca de 500 más serán pasados de régimen, porque antes hay que evaluar sus requisitos.
Por su parte, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, fue enfático en que “no existe ninguna liberación de presos y se está cumpliendo con políticas institucionales del Ministerio de Justicia.
Herrera también reafirmó que, según las estadísticas, solo un 1% de las personas que salen a los centros semiinstitucionales, vuelven a delinquir, pero no así el otro 99%.
En los últimos años, medidas similares se han dispuesto en países como Italia, Chile, México y Estados Unidos. El Estado de Costa Rica y el Gobierno de la República no pueden desatender las sentencias judiciales y reafirma, así, su compromiso inquebrantable con los derechos humanos de todos los sectores de la población.
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