La administración del Presidente Luis Guillermo Solís asumió el poder con el compromiso de un cambio responsable y lo mantiene; ante las similitudes señaladas por el vigésimo primer Informe del Estado de la Nación hay que resaltar que este Gobierno ofreció un cambio responsable, no uno radical y sin fundamento.
Un país pequeño como Costa Rica no puede pretender un desarrollo aislado del resto del mundo. En el Plan “Rescate” se destacó que no se trataba de volver al pasado, sino de recuperar la agenda de desarrollo nacional y reactivar el segundo motor de la economía, ya que el primero, la economía hacia fuera, viene funcionando adecuadamente.
Para cumplir este cometido, se hicieron esfuerzos para reactivar el CNP, lo que implicó cancelar deudas por más de 7.500 millones de colones, y reactivar la Banca de Desarrollo, que como prometimos al lanzar Impulso, duplicará su cartera de préstamos a pequeños emprendedores, pasando de 100 mil millones a 200 mil millones de colones.
También cambiamos la política social, que enfrenta décadas de estancamiento. Con los programas Puente al Desarrollo se está impulsando una reducción de la pobreza, y con la Alianza para el Empleo se redujo casi un punto el desempleo. Algunos lo minimizan, pero esperamos que sea una tendencia sostenible. A esto debemos agregar nuevos instrumentos como el Índice de Pobreza Multidimensional, que cambiará la forma de medir y combatir la pobreza; Tejiendo Desarrollo, que cambia el paradigma de la forma de unir esfuerzos contra la marginación y por el desarrollo comunal, y Mi Primer Empleo y los programas de educación dual, con los que se varían las formas de estimular el mercado laboral.
El cambio también es lograr que proyectos estancados empiecen a avanzar. El puerto de APM Terminals en Moín, las carreteras a San Ramón, Limón y Vuelta Kooper en San Carlos y la apertura del puesto fronterizo en Tabillas, por ejemplo, son una muestra de proyectos que anteriores administraciones impulsaron, y que nosotros mantenemos, porque son una necesidad nacional. El cambio está en la forma de enfrentar los diferentes problemas en el campo de la infraestructura para que se concreten.
El informe menciona que la mayor cantidad de protestas ciudadanas se registró en el 2014, al final de la administración de Laura Chinchilla y luego en el inicio de la administración de Luis Guillermo Solís. En este punto es importante resaltar que estamos ante un acumulado histórico de frustración ciudadana que tiende a provocar el uso de la protesta social como mecanismo de primera instancia en la articulación de demandas con las autoridades estatales. En este punto, el Gobierno privilegia siempre la negociación y el diálogo sobre el uso de la fuerza, como ruta para mantener la paz social y el respeto del estado de derecho.
Otro tema relevante es la fragmentación legislativa. El Informe cita que el Gobierno tiene poca influencia en la Asamblea y que a pesar de convocar la mayor cantidad de proyectos de ley en el período de sesiones extraordinarias, se obtuvo la menor tasa de éxito desde 1990. En este punto, es necesario recordar que estamos ante un escenario inédito, nunca un gobierno tuvo una fracción oficialista tan pequeña, que además está ubicada en la Asamblea más fragmentada de la historia de Costa Rica. En ese entorno, la negociación requiere de equilibrios muy delicados y a menudo contradictorios, en el que sin embargo se lograron avances tan notables como la aprobación de ley contra el contrabando.
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