El Gobierno de la República reitera sus compromisos con el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos marinos, con apego irrestricto a la legislación nacional y a los compromisos internacionales, en consonancia con el fortalecimiento del empleo y la reducción de la pobreza imperante en nuestras comunidades pesqueras.
La garantía de la sostenibilidad de los recursos marinos está en relación directa con la protección del ambiente, como un objetivo nacional, y en el cual todos los sectores que están vinculados con la actividad aporten acciones, conocimiento y compromiso.
Son varios los temas, que en relación con el sector pesquero costarricenses, se están trabajando.
En aras de garantizar la materia prima para la industria procesadora nacional de atún, se está modificando el decreto de asignación de cuotas de acarreo, para que los beneficiarios tengan la obligación de ofrecer de manera primaria sus capturas a la industria procesadora nacional, la cual genera empleos de manera directa e indirecta en todo el país.
Ante las implicaciones sociales, económicas y ambientales que tiene el aprovechamiento no sostenible del camarón se ha generado un proceso de diálogo participativo, tendiente a lograr un ordenamiento de este recurso, que satisfaga los condicionantes que estableció la Sala Constitucional en la sentencia 10540-2013.
Los resultados que se esperan de este proceso, son: un proyecto de ley, que determine los criterios bajo los cuales se da la sostenibilidad de la actividad, también poder atender la grave situación económica y social de los sectores implicados en esta pesquería. Esto con el acompañamiento de varias instituciones del Estado y la Defensoría de los Habitantes, como garante y observador del proceso.
Se está estableciendo un mecanismo transparente y especializado de cara a nuestras responsabilidades con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) para evaluar las recomendaciones de exportación de las especies contenidas en el Anexo II, con la participación de personas con calidades profesionales científicas, con explícito grado académico y los años de experiencia necesarios.
El Gobierno no busca debilitar el consejo de autoridades científicas, sino, por el contrario, fortalecerlo en su capacidad para la toma de decisiones, con criterios pertinentes para dar opiniones objetivas y fundamentadas.
Se reitera que este Gobierno quiere asegurar un equilibrio entre conservación y producción del recurso marino, y a su vez generar, por primera vez una política pública, construida con todos todos los sectores involucrados en la actividad pesquera fortaleciendo una sinergia entre protección ambiental y producción que tenga un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.
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