Presidente de la República atendió a representantes de familias desalojadas de la Zona Sur· Gobierno y campesinos trabajarán en una solución integral a los problemas de tenencia de tierra de las familias desalojadas de la Zona Sur.· Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, asumirá proceso de diálogo con familias afectadas por desalojo realizado tras una orden judicial. El Gobierno de la República y los representantes campesinos de las familias desalojadas de la Finca Chánguena y Finca-Cuadrante 3 en Palmar Sur de Osa, retomaron el diálogo para la búsqueda de soluciones al conflicto, este miércoles en Casa Presidencial.
En reunión con el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la Viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Aponte y el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Ricardo Rodríguez, se acordó retomar las conversaciones entre ambas partes con un enfoque de solución integral que respete los derechos humanos de las personas afectadas.
“Reiteramos la vocación de este Gobierno de mantener el diálogo, por ende viajaremos a la zona sur cuántas veces sea necesario para llevar a cabo sesiones de trabajo sobre el proyecto productivo del INDER, las ayudas del IMAS y el acceso a vivienda”, afirmó la Viceministra.
El INDER seguirá acompañando a las familias en la formulación de un proyecto productivo adecuado a sus necesidades. Este proyecto es requisito fundamental, según la ley, para que la institución adquiera una propiedad donde las familias lleven a cabo sus actividades agrícolas.
Entre otros puntos abordados en la reunión, está la revisión de los subsidios del IMAS y la búsqueda de vivienda temporal para las familias que lo necesiten. Además, el Gobierno planteó la necesidad de una discusión nacional sobre los problemas de tenencia de tierra donde se ven afectados muchas familias campesinas en todo el país.
Durante la última semana de julio debió proceder a desalojar la finca Chánguena-Cuadrante 3 en cumplimiento de una orden judicial en ese sentido, en un proceso impulsado por el empresario Oscar Echeverría Heigold.
Durante todo el proceso la Fuerza Pública ha sido instruida para tratar con respeto y humanidad a las personas desalojadas y colaborar en la protección de su integridad física y la de sus bienes, sin que hasta el momento exista una sola denuncia de que la policía hubiera actuado con violencia durante este proceso.
Asimismo, las instituciones estatales han mantenido una presencia y seguimiento permanente para atender las necesidades de las familias afectadas por la orden judicial.]]>
