Ante consultas de los medios de comunicación acerca del Informe de los 100 Días emitido por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el 28 de agosto del 2014, consideramos importante aclarar lo siguiente:
La Presidencia de la República no ha sido notificada deninguna decisión judicial acerca de las denuncias planteadas.
El Informe de los 100 Días fue un ejercicio democrático sin precedentes en la historia política de nuestro país. Nunca antes un presidente o presidenta rindieron cuentas a la ciudadanía sobre la situación nacional y el ejercicio de la cosa pública. Esta fue una demostración de transparencia y un compromiso con el soberano que nos eligió para llevar a cabo el cambio tan esperado y sobre el que estamos trabajando desde el primer día. Fieles a una manera nueva de hacer política y de servir a las y los costarricenses, todas las denuncias realizadas en el Informe de los 100 días fueron tomadas con seriedad, responsabilidad y la diligencia que el pueblo demanda para con sus gobernantes.
Hemos impulsado acciones para renegociar las convenciones colectivas excesivas que tanto le cuestan al erario público. De esta manera, convenciones como las del AyA, CNFL, BCR y la de Japdeva que está en proceso de negociaciones, han sido renegociadas de manera responsable por parte de las autoridades y las y los trabajadores, lo que le significa un ahorro de miles de millones de colones al Estado costarricense. Apenas estamos comenzando, aún faltasconvenciones que será necesario reformular junto con los trabajadores. El objetivo es sanear la hacienda pública del país y controlar el gasto.
La llamada Casa de la Loma está construida sobre un terreno del MOPT, por lo tanto pertenece al Estado costarricense y no se puede vender, pero se estudian opciones para que la comunidad obtenga un mejor provecho de ese bien. Además, el Incop ha encontrado nuevos elementos probatorios que pronto se enviarán al Ministerio Público.
Hemos revisado los alquileres de los ministerios e instituciones autónomas; no queremos que el Estado alquile inmuebles a precios exorbitantes que tanto le cuestan a las y los costarricenses, por eso mismo hemos planteado la construcción de una Ciudad Gobierno donde se alberguen las instituciones públicas.
Para finalizar, una desestimación no significa que un hecho no haya ocurrido, sino que los fiscales no han encontrado elementos suficientes para perseguirlo. El Poder Ejecutivo tiene toda la disposición de colaborar con el Ministerio Público en la búsqueda de la verdad acerca de los hechos denunciados.
Al realizar esas denuncias el Gobierno actuó de manera responsable y diligente para resguardar la hacienda pública, la eficiencia en los servicios en el Estado, transparencia y para reafirmar la cero tolerancia ante algún eventual hecho de corrupción.
]]>
