Autoridades de los Ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), reiteraron el llamado al diálogo y a la búsqueda de las mejores alternativas que puedan instrumentarse dentro del marco de legalidad para poner fin al movimiento de protesta y bloqueo de vías que iniciaron este miércoles los permisionarios del Servicio Especial Estable de Taxi (SEETAXI), a quienes se les vencieron las autorizaciones para de operación, otorgados por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Las negociaciones que iniciaran hoy desde las 11 de la mañana en la Presidencia de la República, con la intermediación de los Viceministros de la Presidencia, fueron suspendidas luego que los dirigentes del sector de SEETAXI demandaran al Gobierno de la República aplicar soluciones que riñen contra la legalidad, concretamente la no aplicación de sanciones por parte de la Policía de Tránsito, a los operadores que desde ayer tienen sus permisos para trabajar vencidos.
De igual forma demandan que la Administración les garantice la suspensión del acuerdo adoptado por el CTP, según el cual, con apego a los criterios de la Procuraduría General de la República (PGR), únicamente procede la renovación de 1.324 permisos de SEETAXI de un total de 2.562 otorgados en la anterior administración.
Según el dictamen de la PGR, el CTP sólo puede autorizar hasta un 30% de permisos del total de concesiones de placas de taxis que existan por base de operación, lo que obliga a la Administración a renovar tan sólo 1.324 permisos del total de 2.562. Los dirigentes de SEETAXI pretenden que la interpretación del porcentaje del 30% se aplique a nivel nacional y no por base de operación, como dispuso la PGR, lo que en la práctica ha generado una competencia desleal entre concesionarios de placas de taxi (taxis rojos) y permisionarios de SEETAXI.
De igual forma los dirigentes de SEETAXI rechazaron la posibilidad de que 583 permisionarios modalidad microbús y autobús, cuyas autorizaciones de operación tampoco fueron renovadas, optaran por el cambio de modalidad para brindar servicio de trabajadores, estudiantes o turismo, según la Ley 3503.
Las autoridades de gobierno y del MOPT reiteran, su apertura al diálogo, dentro de un marco de legalidad siempre y cuando exista el compromiso de no trasladar el conflicto a las calles, generando bloqueos innecesarios y afectando a terceros, usuarios de las vías públicas que requieren trasladarse a sus hogares, centros de trabajo o estudio, salud, entre otros.
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