El Gobierno de la República fue enterado de la voluntad de seis funcionarios del Poder Ejecutivo de poner sus puestos a disposición de los jerarcas de las instituciones donde laboran.
Los y las funcionarias que han tomado esa decisión se han visto envueltos desde el 11 de julio en una controversia pública relacionada con la divulgación del resumen de una reunión del grupo llamado Juventud Progresista, del Partido Acción Ciudadana, en el que se sugería la posibilidad de usar recursos políticos gubernamentales con fines partidarios; situación que ellos han rechazado enfáticamente. Cabe aclarar que ninguno de los funcionarios mencionados tiene prohibición legal para participar en actividades de índole político partidario fuera de su jornada laboral. La Administración Solís Rivera ha tomado la decisión de separar a estos funcionarios de sus cargos, en tanto no puede tolerar en su accionar gubernamental la mínima insinuación ni sospecha acerca de un uso indebido de recursos de cualquier tipo. Los empleados del Poder Ejecutivo en puestos de confianza a quienes se les separa de sus funciones son: Eder Artavia Quirós (Oficina de Servicios Generales de la Casa Presidencial), Marcela Ávila Segura (Instituto Mixto de Ayuda Social), Randall Céspedes Barrios (Oficina de Atención Ciudadana de la Casa Presidencial), Mariano Salas Naranjo (Ministerio de la Presidencia), Fabián Solano Fernández (Ministerio de Planificación) y Cindy Taco Quirós (Viceministerio de la Presidencia). En el caso de Edrei Cabezas Quintero, funcionario del Ministerio de Trabajo con una plaza bajo el régimen del Servicio Civil, se ha instruido al jerarca de esa entidad a que inicie el procedimiento que sea pertinente para analizar su caso. El Gobierno de la República reconoce el trabajo diligente, responsable y esforzado que hasta ahora estos funcionarios han desempeñado en la función pública y en aras de los objetivos de esta Administración. ]]>
