Desde setiembre de 2014, cuando se anunció el decreto de emergencia en 11 cantones de Guanacaste, la ayuda institucional no ha parado de fluir para enfrentar y mitigar los efectos de la sequía.
La Presidenta en ejercicio, Ana Helena Chacón, recordó que las diferentes entidades estatales y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) han girado y seguirán girando importantes cantidades de recursos para hacer frente al fenómeno.
“Desde que decretamos la emergencia el año pasado se destinaron ¢15 mil millones de los cuales ¢12 mil son del Fondo Nacional de Emergencias y ¢3.500 de recursos ordinarios de instituciones”, recordó.
Entre algunas de las muchas acciones ejecutadas a la fecha, Chacón recordó que el AYA destinó ¢2.500 mil millones en la instalación de siete plantas de tratamiento para garantizar potabilidad en la zona, de los cuales ¢1.351 millones fueron para sistemas de remoción de arsénico. También utilizó ¢100 millones en la construcción o rehabilitación de pozos, en reparación sistemas de acueductos y alquiler de camiones cisternas.
El 5 de junio el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó a los afectados insumos y pacas, recursos contemplados dentro de los ¢1.090 millones para atender a 4 mil productores pecuarios.
También el IMAS destinó ¢800 millones en subsidios para pescadores y ha entregado a la fecha ¢330 millones a los productores agropecuarios. El MOPT ha invertidio 3.40 millones en la atención de caminos y mitigación del polvo.
SENASA invirtió ¢105 millones en marzo 2015 de su fondo acumulativo de emergencias sanitarias y el Ministerio de Salud invirtió ¢50 millones en la colocación de filtros temporales.
Dentro de los planes de inversión contemplados en el Decreto de emergencia 38642 se utilizarán ¢4.634 millones ya aprobados por la Junta Directiva del CNE. Están por aprobarse ¢2.997 millones, más ¢181 millones en planes en análisis.
A estos ejemplos de acciones ya ejecutadas o en proceso de ejecución, se suma ¢5 mil millones disponibles de Banca para el Desarrollo, que abrió una línea de crédito a productores y productoras para financiamiento para desarrollo de actividades productivas que permitan la reactivación económica.
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