El Ministerio de Hacienda reiteró hoy la necesidad de ejecutar nuevas acciones en las áreas de ingresos y gasto del Gobierno, que permitan corregir el desbalance fiscal que ha enfrentado el país desde la década de los 80, y que se ha agudizado en los últimos seis años, como resultado de una elevada evasión y elusión fiscal; de ingresos no recuperados tras la desgravación arancelaria de los tratados de libre comercio, creación de nuevas obligaciones sin fuente de financiamiento y del aumento en el pago de intereses por deudas contraídas desde hace varios años.
Como parte de estas acciones el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea Legislativa varios proyectos de Ley, los que, junto con acciones de carácter administrativo que se han venido ejecutando desde inicios de gestión, forman parte de la Hoja de Ruta para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública. Esta ruta se divide en tres fases que se implementarán al cabo de cuatro años y están conformadas por acciones y reformas graduales a la legislación actual en materia de ingresos, egresos y por la modernización plataforma tecnológica. La visión es integral, incluye tanto medidas para contraer el gasto como para mejorar los ingresos, y plantea los cambios que se requieren, de una manera lógica y ordenada, para facilitar su implementación.
En la primera etapa, por el lado de los ingresos, se cuenta con proyectos de ley para robustecer la Administración Tributaria mediante acciones concretas: un proyecto de lucha contra el fraude y otro de lucha contra el contrabando, ambos en la corriente legislativa. Estas iniciativas mejoran el cobro de los impuestos vigentes, de manera tal que en una segunda etapa, cuando ya se cuente con la aprobación de dos proyectos para migrar a un impuesto al valor agregado y hacer una reforma al impuesto de renta, la Administración tenga mejores herramientas legales para ejercer el control tributario. Esta segunda fase, también incluye un proyecto de ley para ordenar el uso y otorgamiento de las exoneraciones, el cual ya fue entregado a la Asamblea Legislativa para su discusión.
Por el lado de los gastos, en la primera etapa se emitieron directrices para racionalizar los gastos en partidas considerados como flexibles (viáticos, viajes al exterior, alimentación, horas extras y gastos protocolarios, entre otros) y congelar el 85 % de las plazas vacantes. En la segunda fase, se incluyen proyectos de ley para racionalizar el gasto en pensiones, así como los saldos en la caja única del Estado. El segundo de ellos fue remitido a la Asamblea desde hace varios meses y su objetivo es lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados a cada institución.
En la tercera fase de esta Hoja de Ruta, se incorporan otras leyes fundamentales como una regla fiscal para controlar los disparadores del déficit y una reforma a la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (Ley 8131). También se apoyan iniciativas impulsadas por otros partidos políticos y entidades estatales, en los temas de empleo y pensiones, que de aprobarse contribuirán de manera importante a sanear las finanzas públicas.
“ El déficit fiscal es una situación estructural, ya han pasado seis años de déficit consecutivo y cada año el problema se agrava más. Urge realizar reformas legales que permitan incrementar la carga tributaria, y con ello reducir el desbalance financiero del Gobierno Central que desde 1980 presenta una situación deficitaria (excepto en los años 2007 y 2008, cuando hubo superávit financiero). En ningún momento de la historia, el déficit ha sido tan agudo como los últimos seis años, cuando pasó de 3,4% del PIB en el 2009 a 5,7% en el 2014 “, explicó el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas.
Durante la conferencia de prensa ofrecida hoy, al finalizar el Consejo de Gobierno, Fallas hizo un nuevo llamado a los diputados y las diputadas para la pronta aprobación de los proyectos que ya están en la corriente legislativa.
“Tenemos un problema país que urge resolver y que requiere la atención y compromiso de todas las fuerzas sociales y políticas. No podemos seguir creando obligaciones sin fuentes que las respalden, ni mantener abiertos los portillos legales que facilitan el trabajo a los evasores de impuestos, tampoco podemos seguir manteniendo una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, mientras atendemos obligaciones contraídas en el pasado, que si bien son prioritarias para el estado social que hemos construido, no se concibieron con las fuentes de financiamiento requeridas. Siendo así, estos compromisos nos obligan a endeudarnos cada vez más, y a sacrificar otros programas sociales también prioritarios para el desarrollo del país. El problema es grave y debemos resolverlo ya”, ratificó el Jerarca.
Como ejemplo de Fallas mencionó las trasferencias al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), la política salarial adoptada entre el 2008-2010 conocida como el “Percentil 50, ” que ajustó los salarios de los funcionarios del Gobierno Central y el mandato constitucional del 8% del PIB para educación.
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