Las medidas cautelares para atender el conflicto en el Territorio Indígena de Salitre impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado costarricense son un espaldarazo a la labor existente de la actual administración en la atención prioritaria del conflicto histórico de tierras en los 24 territorios indígenas de Costa Rica.
“Celebramos la resolución de la CIDH. Sin duda respaldan las acciones que hemos venido realizando para resolver el conflicto estructural de tierras. Seguimos desarrollando mecanismos de acompañamiento para la recuperación de los territorios, sin que se vayan a afectar los Derechos Humanos de ningún habitante”, afirmó la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte.
Costa Rica comparte la preocupación de la CIDH y es un fiel defensor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que destacamos esta labor a favor de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, particularmente en el caso de esta denuncia iniciada en 2012, afirmó Zúñiga Aponte.
Las medidas cautelares determinadas por la CIDH son concordantes con las actuales políticas de la Administración Solís Rivera en torno al conflicto. Las tres más destacadas son:
- Abordaje responsable de recuperación de tierras en conjunto con el INDER y el CATIE. Con este último se trabaja en un estudio situacional de tenencia de tierras.
- Reforzamiento de la vigilancia policial preventiva y diálogos para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
- Reactivación de la Mesa de Diálogo entre los Pueblos Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón y el Gobierno.
La CIDH reconoció la labor de esta administración para resolver el conflicto estructural de tierras presente en el territorio.
Esta resolución reafirma que estamos en la ruta correcta del diálogo, la paz y los Derechos Humanos, por ende no renunciaremos a nuestro enfoque de coordinación interinstitucional y mesas de trabajo para cumplir la ley, la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
El Gobierno también comparte el señalamiento de la CIDH de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los Gobiernos Locales, en este caso la Municipalidad de Buenos Aires. La responsabilidad del Estado es compartida y debe asumirse desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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