Entre acciones inmediatas están aprobar plan de acción para separar incentivos de convenciones colectivas; eliminar esquemas especiales para alta gerencia; excluir a grupos con conflictos de interés, del diseño y supervisión, del esquema general de pago y redefinir topes máximos e incluir a las contribuciones a la seguridad social y costos asociados.
El Gobierno emitió la Directriz 026-H para regular los incentivos en los bancos públicos estatales entre cuyas acciones inmediatas están la aprobación de un plan de acción para separar incentivos de las convenciones colectivas; eliminar esquemas especiales para alta gerencia; excluir grupos con conflictos de interés del diseño y supervisión de estos esquemas y redefinir topes máximos e incluir las contribuciones a la seguridad social.
La directriz enfatiza que “el principio de vinculación del incentivo con la función de desarrollo de la banca pública: en razón de la naturaleza pública y el rol en el desarrollo social y económico del país que cumplen los bancos estatales, el pago de incentivos debe estar obligatoriamente condicionado al cumplimiento de metas concretas al respecto, específicamente las relacionadas con el programa de Banca para el Desarrollo y lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Este es un paso importante ya que “la Administración Solís Rivera sella, una vez más, su compromiso de austeridad en el manejo de los fondos públicos de manera eficiente, sin que limite las condiciones fundamentales, para que nuestra banca estatal siga siendo un motor de impulso al crecimiento económico que genere bienestar y desarrollo para Costa Rica”, indicó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
ACCIONES Y ALCANCES
La Directriz sobre las políticas de pago de los incentivos instruye a los bancos estatales a rediseñar y ajustar políticas de pago de incentivos, otorgar beneficios a trabajadores que conduzcan a una mejora real en su productividad, el pago sea consistente con cumplimiento de metas institucionales, uso razonable, eficiente y transparente de los recursos públicos.
Las acciones inmediatas que el Gobierno solicita acatar a los bancos estatales son:
• Aprobar plan de acción para separar política de incentivos de convenciones colectivas.
• Eliminar esquemas especiales de incentivos para alta gerencia.
• Excluir a grupos con conflictos de interés, del diseño y supervisión, del esquema general de pago de incentivos.
• Redefinir topes máximos e incluir a las contribuciones a la seguridad social y costos asociados.
• Incorporar comités de riesgo en el diseño y evaluación de modelos.
• Incluir suficiencia patrimonial como metas institucionales.
• Excluir las subsidiarias en el concepto de utilidad neta.
• Reconocer incentivo individual condicionado a cumplimiento de metas grupales.
• Reconocer el incentivo grupal e individual en función del 100% del cumplimiento de metas institucionales.
Las juntas directivas de los bancos públicos estatales deben tomar los acuerdos respectivos para implementar lo establecido en un plazo de dos meses, a partir de la publicación de la presente directriz. Se exhorta al Banco Popular y de Desarrollo Comunal a adoptar los lineamientos establecidos en la Directriz 025-H.
“Con esta decisión, el Poder Ejecutivo deroga la directriz N°25 de de octubre de 1997 que permitía a los bancos comerciales del Estado establecer estos incentivos para sus funcionarios y establece una nueva normativa con reglas claras para el pago de incentivos en la banca pública”, sostuvo el Ministro Alfaro.
Las primeras acciones del Consejo de Gobierno para someter a revisión y evaluación el pago de incentivos en la banca estala fue el 13 de febrero del presente año, cuando se ordenó conformar una comisión compuesta por un representante de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y del Banco Central, quienes debían rendir informe en un plazo de dos meses sobre el actual sistema de incentivos y su impacto, los aportes de esta comisión forman parte de los insumos para la elaboración de la directriz 026-H.
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