La red vial no solo se debe entender como una calle, sino de manera integral incorporando al concepto las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, señalización, demarcación, áreas verdes y de ornato que se encuentra en el derecho de vía.
Bajo este principio la tarea es desarrollar de manera integral la red vial cantonal, en virtud de la transferencia de competencias y recursos a favor de los Gobiernos locales.
La transferencia de recursos se hará de forma gradual en los próximos tres años de la siguiente manera: ¢21 mil millones en el año 2016; ¢42 mil millones en el año 2017 y ¢63 mil millones en el año 2018.
Este es el acuerdo al que llegaron el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Locales para atender una demanda de 14 años de rezago con las comunidades y las Municipalidades y de esa manera cumplir un mandato constitucional (Art.170), tal como consta en las mejoras que se incorporan al proyecto de ley 18.001.
“A partir de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, a través de MIDEPLAN, hemos podido unir voluntades y concretar acuerdos para la toma de decisiones que redunden en el fortalecimiento de la red vial cantonal de nuestro país. Ello tendrá como resultado mayor desarrollo económico y también impactará positivamente la calidad de vida de los habitantes de nuestros territorios. Se trata de condiciones para mayor seguridad vial, ampliar la red de interconexión entre comunidades así como la dinamización de la producción, el comercio, el turismo y la movilidad de las personas”, indicó la Ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.
COMPETENCIAS Y RECURSOS
El Ministerio de Planificación envió el proyecto 18.001 ante la Asamblea Legislativa, en donde la Comisión de Asuntos Municipales la dictaminó de manera favorable por parte de todos sus miembros.
A partir de esto se inicio un proceso de articulación y posicionamiento de manera conjunta desde el Despacho de la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas Domingo, y el Ministerio de la Presidencia para articular los esfuerzos de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) con la de los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Planificación e Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
“Son las comunidades en sus territorios las que tienen claro cuáles son sus necesidades y urgencias. Cambiar el paradigma de buscar las soluciones desde las oficinas centrales y tomar en cuenta las regiones es un compromiso de nuestra Administración”, reafirmó Mercedes Peñas, Primera Dama.
Les corresponde a las Municipalidades planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar: construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, concesión, reforzamiento, reconstrucción y operación de la red vial cantonal. Todas estas se realizarán de acuerdo con los requerimientos técnicos y de aplicación general del MOPT
“Con esto logramos fortalecer la rectoría del MOPT, las unidades de gestión vial de las municipalidades y los planes viales cantonales que se deben realizar cada 5 años”, reforzó la Presidenta Ejecutiva del IFAM, Yanina Soto.
Un esfuerzo como estos requiere recursos económicos. “Un 22.25% de lo recaudado a través de la Ley de impuestos a los combustibles, ya vigente, respalda estas transferencias así como los aportes en materiales e insumos para construcción y mantenimiento que realicen órganos del Gobierno”, enfatizó el Ministro de Hacienda interino, Fernando Rodríguez.
“El destino de recursos los propone la Junta vial cantonal y son aprobados por el Consejo Municipal. La junta está integrada por representantes del gobierno local y la comunidad, escogidos por convocatoria pública abierta”, explicó Mercedes Hernández, alcaldesa de Barva y Presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Los dineros se van a distribuir teniendo en cuenta tres componentes: la extensión de la red vial cantonal; el Índice de Desarrollo Social Cantonal y la distribución en partes iguales.
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