La vivienda de interés social, como un bien de mercado e instrumento clientelar, ha sido un saco en el que Costa Rica ha invertido por décadas de manera incesante. Gracias al clientelismo y las prácticas abusivas que fueron apoderándose de tan noble labor es nuestra obligación, hoy, generar cambios sustantivos, que involucren innovación, modernización, transparencia; mejores soluciones técnicas para construir viviendas sustentables y que sean parte orgánica de nuestras ciudades.
Es imprescindible mejorar las herramientas financieras y de gestión del territorio, que le permitan al Estado ejercer su rol rector en pro de todos los asentamientos humanos que cobija.
Como sociedad, debemos entender la vivienda de interés social como un bien público, no como un bien de mercado. Por eso, nuestra visión se enmarca en el entendido de que construir viviendas es construir comunidad. Los esfuerzos habitacionales deben ser pensados y tener un vínculo con el entorno inmediato, para integrar un tejido social que sea gestor directo de ese proceso.
La edificación de casas no puede seguir concibiéndose sin el ordenamiento territorial correspondiente, esto es lo que permite generar opciones de asentamiento inclusivas. No es correcto generar planes reguladores que no piensan en la inclusión de sectores vulnerables en su territorio, debemos cerrar las brechas sociales y para eso necesitamos el compromiso de la ciudadanía y los gobiernos locales. Es imperativo cerrar las brechas mentales y los prejuicios. Ahora más que nunca, nos es menester crear comunidad.
“Mientras sea el Ministro de los confites, todos los carajillos van a venir…”, ese tipo de frases las escuchamos en nuestro trabajo con las comunidades y son el reflejo de que nuestra labor sigue siendo manipulada para pagar favores de turno, amiguismos, y aún no es comprendida e interiorizada como un derecho humano de interés público. Eso vamos a cambiarlo.
Esto es un tema político y un tema ciudadano, quiere decir que articula lo ambiental, lo social, lo cultural y forma parte de un Proyecto País. No fortalecer el sistema es también una decisión política, una decisión de mantener el clientelismo, como el que genera 54 programas sociales en 22 instituciones, para atender una población en pobreza que sigue creciendo.
Los vacíos que el Estado tiene, algunas veces, son deliberados. Esto debe visibilizarse y cambiarse. Por eso los actores y alianzas estratégicas que puedan impulsar la política pública en materia de vivienda, en conjunto con el MIVAH, son parte vital de este esfuerzo.
Ana Cristina Trejos Murillo
Viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos
