El Gobierno de la República impulsa tres proyectos de ley para fortalecer la libertad de expresión, proteger a ciudadanos y medios de comunicación que hagan denuncias de interés público y consolidar los avances logrados en el acceso a la información pública para todos los habitantes. Las iniciativas también procuran modernizar la legislación en esta materia y cumplir con los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
Sin embargo, una información publicada en el medio digital, CRHoy, asegura que la intención del Gobierno es otra, con base en la opinión de tres diputados opositores y un periodista y analista. La información de CRHoy omite por completo la explicación del Gobierno a pesar de que el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, y el Director Jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, estuvieron más de una hora reunidos con la directora de ese medio de comunicación, Silvia Ulloa, el pasado miércoles 17 de febrero.
El periodista que redactó la información, Alexánder Ramírez, escribió que intentó localizar al Ministro (el viernes) “pero él no contestó las llamadas que se le hizo”. Lo cierto es que el Ministro estuvo siempre disponible en Casa Presidencial el pasado viernes, donde se reunió incluso con miembros del Colegio de Periodistas. El señor Herrera también estuvo en contacto con el periodista para hablar de este tema desde enero, le envió los borradores de los proyectos y conversaron en varias ocasiones hasta el 16 de enero. Desde entonces el periodista no respondió a la disposición del Ministro para una entrevista personal con él y el señor Carvajal.
Más allá de la versión periodística de CRHoy, es importante profundizar en lo que sí dicen los proyectos, que han sido consultados con organizaciones periodísticas, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación:
- El proyecto de Ley de libertad de expresión y prensa introduce cambios al Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código de Trabajo. Despenaliza la divulgación de información que sea de interés público. Establece la protección de las fuentes periodísticas y permite que un comunicador se abstenga de declarar en detrimento de sus fuentes. Aumenta los plazos para responder las querellas por delitos contra el honor y reduce de 2 años a 1 año el plazo de prescripción de dichos delitos. Finalmente, regula la cláusula de consciencia, para permitir que un comunicador se niegue a realizar trabajos contrarios a su consciencia o a las normas éticas normalmente aceptadas en la profesión, sin detrimento de sus derechos laborales.
- El proyecto de Ley de acceso a la información pública parte de cuatro pilares fundamentales: a) El principio de publicidad de toda la información que obre en manos de la Administración, salvo excepciones muy calificadas; b) el deber proactivo de las instituciones públicas de poner la información pública al alcance de las personas, en sus portales Web u otros espacios similares; c) la incorporación de excepciones muy calificadas al derecho de acceso a la información pública, basadas en los estándares interamericanos y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional; y d) el establecimiento de un procedimiento simple y ágil para la atención de las peticiones dirigidas a las instituciones públicas.
- El proyecto de Ley de publicidad oficial busca establecer reglas claras y objetivas para la distribución de la pauta publicitaria oficial, con el objeto de evitar que la contratación de pauta pueda ser empleada para premiar o castigar la actuación de los distintos medios de comunicación en relación con temas de interés del gobierno de turno. Ordena a las instituciones a planificar adecuadamente su pauta, a distribuirla de acuerdo con criterios de población meta, situación geográfica, mejor oferta económica, entre otros.
Todos estos proyectos han sido puestos en conocimiento del Relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, cuyas observaciones han sido incorporadas al texto.
Los tres proyectos han sido presentados a los directores de varios medios de comunicación, así como al Colegio de Periodistas de Costa Rica, al Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y a la Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA), entre otros. En todos esos encuentros, se les entregaron los borradores de los proyectos, se les expusieron las iniciativas y se les solicitó atentamente que nos hicieran saber todas las observaciones que tuvieran.
A la fecha, estamos a la espera de las inquietudes u observaciones que tales entidades nos quieran hacer llegar con respecto a los proyectos. De todos modos, se realizará un proceso de consulta pública en el que estas, así como cualesquiera otras organizaciones o personas, podrán opinar acerca de estos.
En lo que atañe específicamente al proyecto de Ley de acceso a la información pública, este ha sido todavía más ampliamente debatido, ya que ha sido conocido y analizado en el seno de la Comisión de Gobierno Abierto, conformada por representantes del sector público, académico, empresarial y de la sociedad civil. Esta comisión realizó una serie de observaciones, las cuales se encuentran en fase de estudio para la eventual modificación del proyecto.
El Gobierno de la República está absolutamente comprometido en elevar los estándares en materia de libertad de expresión, y estos tres proyectos obedecen sin duda a esa finalidad. Cumplen, y en algunos aspectos superan, los estándares interamericanos en esta materia.
En todo caso, en esta etapa del proceso, los proyectos son plenamente perfectibles. El Gobierno de la República está en la mayor disposición de recibir y analizar todas aquellas sugerencias que busquen mejorar los proyectos y potenciar la libertad de expresión en Costa Rica.
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