Respecto del fallo emitido por la Sala Constitucional, el Gobierno de la República emite la siguiente declaración:
- La Corte Interamericana, en el año 2012, ordenó al Estado costarricense levantar la prohibición a la práctica de la fecundación in vitro. Dicha orden es de acatamiento obligatorio y demanda acciones de los tres Poderes de la República.
- El Poder Ejecutivo esperó hasta el último momento a que la Asamblea Legislativa emitiera una ley que cumpliera con lo ordenado por la Corte Interamericana.
- El Poder Ejecutivo, en representación del Estado, con la emisión del Decreto 39210-MP-S, del 10 de setiembre de 2015, actuó en estricto acatamiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- El decreto ejecutivo se apegó estrictamente a los principios y razonamientos empleados por la Corte Interamericana para el dictado de su resolución.
- Dicho decreto es respetuoso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la preminencia de los órganos que conforman el Sistema Interamericano, del cual Costa Rica es miembro fundador y sede del Pacto de San José de Costa Rica y de la Corte Interamericana.
- El reconocimiento de los derechos humanos no es materia reservada a la ley. Dicha reserva se establece, únicamente, cuando se impongan limitaciones a tales derechos.
- En mi condición de Jefe de Estado, tengo la obligación de emplear los mecanismos legales a disposición para garantizar los derechos humanos de las y los costarricenses.
- Corresponde, a partir de la sentencia de la Sala Constitucional, que la Asamblea Legislativa responda a tiempo con la orden de la Corte Interamericana y este Gobierno coadyuvará, dentro del marco de sus competencias, a generar una legislación moderna y estrictamente apegada a los estándares constitucionales e interamericanos.
- Estamos pendientes de la decisión que deba adoptar la Corte Interamericana acerca del cumplimiento de su resolución.
- El Gobierno de la República es respetuoso y acatará las decisiones de la Sala Constitucional, en el marco del Estado de Derecho que nos caracteriza como Nación.
San José, Costa Rica. 3 de febrero del 2016
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