También sobre otras figuras jurídicas y crear el registro único y actualizado de accionistas. Se necesitan reformas en transparencia e información del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El Sistema Financiero Nacional está asumiendo la totalidad de los riesgos que deben ser mitigados conjuntamente desde los procesos de creación y registro entre las instancias estatales y los profesionales liberales.
Martes 19 de enero de 2016. Costa Rica debe mejorar los controles sobre las Sociedades Anónimas, así como de otras figuras jurídicas y crear un registro único y actualizado sobre los accionistas, según lo determinó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), como parte de las acciones y mejoras en materia de registro y control sobre las personas jurídicas.
El informe de la evaluación que se publicó el año pasado resume el grado de cumplimiento de las medidas antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo (ALA/CFT), instauradas en Costa Rica a la fecha de la visita in situ, cuyos resultados se oficializaron en julio de 2015, donde se señalaron deficiencias referentes sobre los controles, la transparencia y la información actualizada del beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.
La metodología de la evaluación se basa en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (del GAFI/OCDE) y los principales señalamientos se relacionan con las dificultades a la hora de acceder a la información básica sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas, de manera precisa y actualizada.
La Evaluación Nacional de Riesgos elaborada por más de 40 instituciones del Estado Costarricense, sector privado y el Sistema Financiero Nacional, bajo la Coordinación de la Unidad Inteligencia Financiera del ICD y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), identificó entre otros riesgos de lavado de dinero, la ausencia de requisitos más exigentes para extranjeros y nacionales que crean estructuras societarias.
También destacó los bajos controles sobre sociedades extranjeras y los apoderados especiales, así como la inexistencia de un registro único y actualizado de accionistas de sociedades, asociaciones y de las partes que se involucran en figuras como los fideicomisos.
Guillermo Araya, Director General del ICD, señaló que es imperativo realizar un cambio de mentalidad y romper paradigmas que dificultan la investigación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues los organismos internacionales están ejerciendo cada vez más presión a los países para que adecuen sus legislaciones y procedimientos internos ya que son responsabilidad de un grupo de instituciones y del sector privado.
Araya hizo énfasis en la importancia de que los profesionales independientes ejerzan responsablemente su profesión, debido a que se han detectado prácticas abusivas en la creación y venta de sociedades por varios miles de dólares sin que se conozca efectivamente el cliente y su actividad real, lo que nos pone en un altísimo riesgo por la facilidad de crear una empresa fantasma sin aplicar normas efectivas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
CONTROL EFECTIVO
Costa Rica debe emitir una imagen internacional de control efectivo sobre la creación y venta indiscriminada de sociedades, ya que muchas esconden operaciones internacionales de juego y apuestas, mientras que otras se utilizan como empresas fantasmas para abrir cuentas en el extranjero y movilizar millones de dólares. El GAFI establece a los notarios como una de las actividades profesionales que deben aplicar normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Los señalamientos del GAFI se definen como recomendaciones, sin embargo, deben atenderse con prontitud, a fin de que el país no ingrese en una “lista gris,” equivalente a ser catalogado como no cooperante. Esto perjudicaría directamente la imagen de Costa Rica ante la Comunidad Internacional y repercutiría en sanciones de naturaleza económico-financieras, sin dejar de mencionar temas de seguridad, turismo, entre otros.
El GAFI establece en la Recomendación 24 que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas para que las autoridades competentes puedan obtener acceso oportunamente en el marco de las investigaciones. Para el caso de Costa Rica la calificación obtenida en este rubro fue baja.
En el caso específico del financiamiento al terrorismo la atención se centra sobre las organizaciones sin fines de lucro incluyendo asociaciones y fundaciones, el mandato consiste en que este tipo de personas jurídicas deben estar debidamente registradas bajo el control de un “regulador natural” el cual debe, principalmente, supervisar y aplicar normas de transparencia sobre el origen y destino de los flujos financieros que estas organizaciones reciben, incluyendo el conocimiento de los miembros y beneficiarios finales, entre otras disposiciones de prevención del delito.
Las principales vulnerabilidades aprovechadas para legitimar capitales en actividades comerciales o financieras y profesionales liberales consisten en buscar medios que permitan la posibilidad de ingresar de forma rápida y sencilla al torrente financiero formal flujos de dinero bajo un escenario de anonimato del beneficiario final, esto asegura que se distancien del origen del delito precedente.
La ausencia de controles basados en riesgo, la información desactualizada, la inexistencia de sanciones efectivas y proporcionales, así como la ausencia de canales de información para las autoridades competentes, limita conocer de manera efectiva al beneficiario final de las personas jurídicas, los cambios de nombramientos y la actividad real, constituyéndose en una barrera muy efectiva y de altísimo riesgo para los procesos de investigación que ejecutan las autoridades administrativas y judiciales competentes.
Los esfuerzos aislados en este ámbito, por parte de las instituciones Estatales y los diferentes sectores, son ineficaces debido a que el dinero de origen ilegítimo se mueve en forma instantánea sin límites ni fronteras, por lo que se hace necesario sumar fuerzas con el sector privado, el sistema financiero y comercial y actividades profesionales, para garantizar la integridad económica del país.
El ICD ha promovido desde hace más de dos años una fuerza de trabajo interinstitucional que también incluye al sector privado, autoridades del orden y el Sistema Financiero Nacional, sujetándose de la asistencia técnica de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el mismo GAFILAT, para desarrollar un plan de trabajo que describe las principales preocupaciones de los distintos sectores y que a su vez atiende los señalamientos de la Evaluación de las Recomendaciones del GAFI.
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