- Gobierno trabajó contra todo tipo de discriminación, promulgando numerosas políticas, normativa y acciones que fueron construidas junto a las mujeres, las poblaciones afrocostarricenses, LGTBIQ, los pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes y refugiados.
- Entre los avances están la puesta en práctica del matrimonio igualitario y derechos a parejas del mismo sexo, y la institucionalización de la norma técnica sobre el aborto terapéutico acatando resolución de la CIDH.
San José. En cumplimiento con su compromiso en la defensa permanente de los Derechos Humanos y a la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales, la administración Alvarado Quesada trabajó contra todo tipo de discriminación, ya sea por, edad, color de piel, sexo, creencia religiosa, opinión política, orientación sexual, origen nacional o social, posición económica, discapacidad o lugar de nacimiento.
Las numerosas acciones gubernamentales fueron dirigidas y construidas a lo largo de los últimos cuatro años junto a las mujeres, las poblaciones afro costarricenses, LGTBIQ, los pueblos indígenas, así como con personas con discapacidad, migrantes, refugiadas, entre otras.
Orientada por la convicción de que las políticas de representatividad deben ir de la mano de las políticas distributivas, estos principios guiaron tanto la agenda legislativa -con un importante respaldo de los diputados y diputadas- como el quehacer de los ministerios e instituciones en áreas como salud y atención de la pandemia, programas sociales, educación, empleo y política exterior.
Entre las medidas están la implementación del matrimonio igualitario y derechos a parejas del mismo sexo; la institucionalización de la Norma Nacional sobre el aborto terapéutico; la vacuna contra el papiloma humano; la anticoncepción de emergencia y la promulgación de una amplia normativa en atención a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, así como para la prevención de la violencia contra las mujeres, la protección de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y el acceso al financiamiento y capacitación laboral y financiera.
El trabajo se enmarcó en lo que establece el artículo primero de la Constitución Política, reformado en agosto de 2015, que indica que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.
Algunas de las principales acciones en el campo de los derechos humanos, un eje transversal en la administración Alvarado Quesada, son las siguientes:
Población LGTBIQ. El país exhibe importantes avances que responden a las luchas por los derechos de este sector de la población. Así, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica y el número 29 en el mundo en reconocer el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo. El matrimonio igualitario entró en vigor el 26 de mayo del 2020 en cumplimiento de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una sentencia de la Sala Constitucional.
En 2019 se oficializó el Protocolo de atención del bullying contra la población LGBT matriculada en centros educativos y se aprobó la Estrategia Nacional Sensibilización y Capacitación en instituciones públicas sobre no discriminación e inclusión de las personas LGBTIQ+.
Otras de las medidas en este campo son el nombramiento del Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ y la promulgación de normativa como el reconocimiento de identidad de género en DIMEX para población trans y de estatus migratorio a parejas binacionales, así como la posibilidad de acceder a bonos de vivienda a parejas del mismo sexo.
Mujeres. El trabajo conjunto del INAMU y diversos organismos estatales priorizó acciones y leyes que buscan condiciones de igualdad para las mujeres en salud, derechos laborales y salariales y derechos políticos.
En derechos reproductivos de las mujeres, se institucionalizó mediante decreto ejecutivo promulgado en diciembre 2019 la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, según lo establecido en el artículo 121 del Código Penal y en cumplimiento de la resolución del 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, en junio de 2019 inició la vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano (VPH) como parte del esquema básico de Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una acción de salud pública para reducir el impacto del cáncer de cérvix en el país.
En mayo de 2021, la CCSS amplió la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer. Anteriormente, este tipo de anticoncepción estaba disponible en los servicios de salud solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa aprobó importantes leyes en favor de los derechos de la mujer y contra la violencia y el hostigamiento sexual, como la Ley contra el Acoso Sexual Callejero y la Ley para establecer el Femicidio Ampliado, y se declararon esenciales los servicios de atención de la violencia contra las mujeres.
Las transformaciones van más allá e inciden directamente en las condiciones materiales de la vida de las mujeres en general y las trabajadoras en particular. De manera especial, la administración Alvarado Quesada reforzó la autonomía económica de las mujeres con programas para la empleabilidad, colocación de fondos semilla y formación integral, así como la normativa para la protección de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Niñez. Durante esta administración se han llevado a cabo distintas acciones dirigidas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como el trabajo efectuado por todas las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Niñez, el cual permitió implementar más de 150 acciones para prevenir y atender la pandemia, entre ellas la vacunación contra el COVID para esta población.
El PANI abrió por primera vez el servicio de atención de emergencia todos los días a todas horas con la apertura de las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata URAIS, que brinda servicio en todo el territorio nacional, e invirtió en recurso humano para poder brindar el servicio esencial conferido por mandato constitucional.
En el plano normativo, la Asamblea Legislativa aprobó varios proyectos de Ley dirigidos a la Niñez y La Adolescencia y el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y del Patronato Nacional de la Infancia como ente rector en Niñez y Adolescencia.
Actualmente se cuenta con el Estado de los Derechos de la Niñez, la Medición de la Inversión en Niñez y Adolescencia que permite identificar la inversión de más de 66 instituciones favoreciendo la toma de decisiones dirigidas a esta población.
Se inauguraron más de 400 parques infantiles para favorecer el deporte y la recreación y la salud mental y se regularizó la situación migratoria de miles de niños y niñas con la intervención de varias instituciones como el MEP, el PANI y la DGME.
Personas con discapacidad. Bajo el liderazgo del segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el gobierno desarrolló importantes acciones destinadas al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Fue así cómo se creó el Programa Escuelas Integrales de Iniciación Deportiva, con una inversión de ₡655 millones en 65 comunidades con 3.599 estudiantes, al tiempo que se invirtió en la construcción de infraestructura deportiva acorde con las necesidades específicas del sector.
Con el objetivo de lograr una educación inclusiva, 64 aulas integradas fueron transformadas en servicios de apoyo para estudiantes con discapacidad y 851 personas con discapacidad matriculadas en centros educativos especiales se trasladaron hacia centros educativos regulares. Adicionalmente, ₡1.636 millones fueron invertidos en 195 centros educativos.
Mediante la aplicación de la Ley 8862, se ha logrado incrementar durante la presente administración en un 80% las contrataciones de personas con discapacidad en instituciones de gobierno en el periodo 2018-2022.
En ese aspecto, el vicepresidente Marvin Rodríguez afirmó que “el derecho al trabajo es un elemento habilitante para el disfrute de los demás derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Por lo tanto, los esfuerzos que hemos concentrado en esta área de política pública han sido amplios para procurar una ocupación digna de esta población en el mercado laboral. La
educación y el derecho al deporte, al ocio y la recreación también son piezas clave para asegurar un desarrollo inclusivo, en igualdad de condiciones entre todas las personas sin distinción alguna”, dijo.
Indígenas. En el 2018, el gobierno de Costa Rica emitió la Directriz No. 017 para el sector público con el objetivo de comenzar el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024”.
Posteriormente, de acuerdo con el Decreto No. 40993-MP, se formuló el borrador que fue presentado a los pueblos indígenas en marzo de 2021 la Política Nacional para los Pueblos Indígenas, la cual aspira a orientar las acciones estatales hacia el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
En esa oportunidad, el presidente Carlos Alvarado comentó: “Tenemos un anhelo de lo que queremos ser: un país de paz, con respeto a los derechos humanos, que es igual entre hombres y mujeres, que es multiétnico y cultural, pero no queremos que sea de la boca para afuera. Hay que seguir en esa lucha y con esa visión debemos proseguir en la construcción de esta política pública”.
Los esfuerzos por integrar a poblaciones tradicionalmente marginadas, como es el caso de los indígenas, se concretaron en leyes como la 9710 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, reglamentada mediante decreto ejecutivo 42814 de enero de 2021.
Gracias a esta legislación y su reglamento, la población ngobe-buglé ha podido regularizar su estatus en el país, al obtener un acceso pleno al derecho a la nacionalidad costarricense y ofrecérseles opciones de naturalización.
Otras medidas en este campo son la declaración en 2020 de interés público del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, y el trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en los territorios indígenas, que se resume en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados.
Asimismo, se dio la oficialización y declaratoria de interés público de la base de datos Broran (territorio indígena Térraba) en 2019 y se conformó la primera Federación Deportiva y Recreativa de los Pueblos Indígenas, en 2020.
Afrodescendientes. Durante esta administración, el país continuó en el esfuerzo por garantizar la plena participación y la integración en la vida social, económica, política y cultural de la población afrodescendiente, ejemplo del carácter pluricultural y multiétnico de la nación.
La primera vicepresidencia de la República, Epsy Campbell, en coordinación con el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Enrique Joseph, ejecutaron múltiples acciones con el fin de visibilizar, promocionar y proteger los derechos humanos y la cultura de las personas afrodescendientes.
Entre estas acciones destacan la Ley No.10001 “Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes”, firmada en agosto de 2021, la cual establece una serie de disposiciones que buscan promover la igualdad, la justicia y el reconocimiento a la población afrodescendiente en Costa Rica.
Asimismo, destacan la emisión de recomendaciones para la prevención del COVID-19 en población afrodescendiente, la campaña deportiva “Respeto, No al Racismo”, la declaración de interés público de la población afrocostarricense y el impulso ante las Naciones Unidas de la celebración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y la creación del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes.
“Durante estos cuatro años no solo hemos logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos de la población afrocostarricense, sino también de la población afrodescendiente del mundo entero. Gracias al trabajo articulado entre
instituciones, empresas privadas, organizaciones internacionales y sociedad civil, hicimos grandes aportes hacia una mayor inclusión social, política, económica, cultural y ambiental de estas poblaciones”, destacó la vicepresidenta Campbell.
“A pesar de los avances, aún persiste una serie de brechas por las que debemos trabajar y redoblar esfuerzos. Es evidente el impacto económico del racismo sobre las mujeres afrodescendientes, la brutalidad policial de la que sufren los jóvenes afrodescendientes y los efectos generalizados de la pandemia sobre esta población. Debemos caminar mucho más rápido para cumplir con la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás”, concluyó.
Población migrante y refugiada. Numerosas acciones se enmarcan en la reconocida tradición de Costa Rica como país de refugio y acogida, y confirman la oposición del país a cualquier tipo de xenofobia. Así, por ejemplo, se firma el decreto ejecutivo Nº43393, en enero de 2022, mediante el cual se formaliza el Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE) como la plataforma nacional de discusión y coordinación de acciones para temas relacionados con refugio en Costa Rica.
Esta iniciativa refuerza el compromiso del país de proteger con los más altos estándares a la población refugiada y contribuye a la movilización de cooperación internacional. “Con este decreto, Costa Rica da un ejemplo al mundo en materia de política pública y gestión administrativa para la respuesta al desplazamiento forzado y reitera su liderazgo regional en respeto a los Derechos Humanos”, dijo en esa oportunidad Milton Moreno, representante del ACNUR en Costa Rica.
Mientras, el presidente Alvarado llamó a todos los sectores de la sociedad y a la cooperación internacional a sumarse a este esfuerzo para asegurar la protección y soluciones duraderas a las personas refugiadas en suelo nacional.
Destaca también el convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asumido económicamente por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que amplía el seguro médico del que ya gozaban 6.000 solicitantes de refugio y refugiados más vulnerables desde 2020, y alcanzó a 4.000 personas más durante el 2021.
Paralelamente, la CCSS inmunizó a migrantes regulares e irregulares y solicitantes de refugio que cumplieran con los requisitos establecidos en la normativa vigente avalada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.
Población privada de libertad. Gracias a una fuerte inversión en construcción y mejoras de la infraestructura carcelaria, se logró superar el hacinamiento del 43% que se arrastraba desde 2018 y que se redujo en marzo de 2022 al 5,8% de sobrepoblación en estos recintos, respondiendo a recomendaciones de organismos internacionales.
Con la construcción de más de 2.200 nuevos sitios en el sistema penitenciario y la inversión de ¢22.879 millones en infraestructura y en mejoramiento de las instalaciones se rehabilitaron espacios y construyeron módulos y un nuevo centro penitenciario (CAI Terrazas, en el Complejo Occidente).
A estos esfuerzos por humanizar el espacio penitenciario, se agrega la próxima apertura de dos nuevos centros de Regionalización de la Mujer y queda prevista la construcción de 600 espacios más.
Las mejoras en la infraestructura respetan los estándares de diseño y construcción para los nuevos penales que se edifiquen en el país y obedecen al empeño en respetar los derechos humanos y la dignidad de la población privada de libertad.
