- Se incorporan recursos de tres créditos externos provenientes del BCIE, del BID y del BIRF/Banco Mundial.
- Proyecto de ley incluye ¢174.006,9 millones para el Fondo de Avales y ¢48.400 millones para desarrollar un programa para la reactivación y apoyo de las zonas pesqueras.
- Además, ¢145.005,7 millones permitirán el canje de deuda cara por deuda barata con el fin de apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
- Asimismo, ¢277,2 millones de reintegros al Presupuesto Nacional, consecuencia de superávits libres, que permitirán amortizar la deuda pública.
- Contiene también ¢53,9 millones para que el INCIENSA adquiera insumos necesarios y mantenga el equipo de los laboratorios, entre otras necesidades.
El Poder Ejecutivo presentó ayer el I Presupuesto Extraordinario de la República 2022 (expediente N.° 22.919) a la Asamblea Legislativa, en el cual se destinan ¢174.006,9 millones para dar contenido presupuestario al Fondo de Avales, ¢48.400 millones para desarrollar un programa para la reactivación y apoyo de las zonas pesqueras y ¢145.005,7 millones que permitirán el canje de deuda cara por deuda barata con el fin de apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Estos recursos provienen de tres créditos externos, previamente ratificados por la Asamblea Legislativa, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, se incorporan ¢53,9 millones del superávit del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), que es resultado de donaciones de la Fundación Inciensa (FUNIN) y la Junta de Protección Social (JPS). Con esto, el INCIENSA desarrollaría diferentes proyectos como la adquisición de insumos de laboratorio, materiales reactivos, kits de diagnósticos y reactivos para diferentes técnicas moleculares indispensables y el mantenimiento de equipo de laboratorio.
Por último, contiene como ingresos corrientes un monto de ¢277,2 millones, los cuales corresponden a superávits libres, que conforme a la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, si no son utilizados para pagar deudas de los órganos que generaron superávits deben ser trasladados al Presupuesto Nacional para amortizar la deuda pública.
“En este presupuesto se incorporan recursos provenientes de superávits libres que se trasladan al fondo general de Hacienda y que serán utilizados para reducir deuda pública. Si bien el monto es pequeño, constituye el inicio de la aplicación del artículo 17 de la Ley 9635 y señala el efecto positivo que tiene la aplicación de la regla fiscal en los órganos desconcentrados y en las entidades autónomas. De ese modo, reducir el gasto en las entidades fuera del Gobierno Central también apoyará el esfuerzo nacional para lograr la estabilidad en las finanzas públicas”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
El uso de los empréstitos. Con ¢174.006,9 millones del préstamo del BCIE se dará contenido al Fondo de Avales, que es un instrumento financiero pensado para las empresas que fueron afectadas por la pandemia y a las que el efecto de la crisis sanitaria les impide presentar garantías a la hora de solicitar un préstamo a los bancos u otras entidades financieras. Para las empresas en esta situación, y que cumplan con los requisitos, el fondo de avales será su garantía.
A lo largo de tres años, el Fondo de Avales recibirá $270 millones de un préstamo del BCIE para dar respaldo a créditos bancarios que otorguen los bancos a personas y empresas afectadas por la pandemia. De dicho monto, al menos $135 millones serán destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el 50% de los recursos se deben de dirigir a empresas con 100 empleados o menos.
Gracias al crédito con el BIRF/Banco Mundial, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) tendrá ¢48.400 millones para reactivar la economía de las zonas pesqueras. Con estos recursos se desarrollará el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica, que procurará mejorar la administración de la pesca y la acuicultura e impulsar el crecimiento económico de los pescadores costarricenses.
Este programa permitirá la generación de oportunidades de empleo digno, la construcción de tres terminales pesqueras y dos plantas procesadoras, el apoyo para mejorar las condiciones de vida de los pescadores y sus familias, la capacitación y el fortalecimiento de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura en el país, entre otras acciones para impulsar a las zonas pesqueras.
Por otra parte, los recursos del BID financiarán el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal, y Restaurar el Crecimiento. Así, el Gobierno tendrá ¢145.005,7 millones que permiten canjear deuda cara por deuda barata y reducir el pago de intereses, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico de Costa Rica.
