- Considerado un hito en la historia del sistema penitenciario del país, modelo busca disminuir la reincidencia y aumentar la matrícula en la oferta de educación formal
- Impulsará educación formal, alianzas público-público y público-privadas, consolidación de ofertas laborales y acceso a estructuras productivas
- «Por primera vez se integran, de una manera articulada y coherente, cada una de las iniciativas y estrategias encaminadas a potenciar la efectiva incorporación de las personas privadas de libertad a sus comunidades”, declaró ministra de Justicia y Paz
- Actualmente, más de 8.000 personas privadas de libertad tienen una ocupación laboral
San José, 23 de agosto de 2021. En una actividad llevada a cabo este lunes en el Registro Nacional, el Ministerio de Justicia y Paz presentó el Modelo de Inserción Sociolaboral para la Población Penitenciaria, una estrategia que unificará y potenciará el trabajo y la capacitación en el sistema penal del país.
Este modelo fortalecerá los esquemas de inserción social promovidos a través de los centros penitenciarios, pues contempla entre sus componentes educación formal y desarrollo de capacidades, consolidación de ofertas de empleo y empresariedad, acceso a estructura básica y productiva, procesos de modernización mediante la inclusión de la tecnología en la capacitación y formación, así como la apuesta institucional con miras a la sustentabilidad desde los procesos de inserción social.
«Estamos ante un hito en la historia de nuestro sistema penitenciario. Por primera vez se integran, de una manera articulada y coherente, cada una de las iniciativas y estrategias que ya veníamos trabajando encaminadas a potenciar la efectiva incorporación de las personas privadas de libertad a sus comunidades”, declaró la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
“Esto es fundamental no solo para el beneficio de esta población, sino para la meta país de lograr una sociedad sin violencia, inclusiva y con acceso de oportunidades de crecimiento personal y profesional para todos y todas. Así es como llega el sistema penitenciario nacional a celebrar el Bicentenario de la Patria, sin dejar a nadie atrás», agregó.
En la presentación participaron la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero; el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez; la viceministra de Trabajo, Natalia Álvarez, la viceministra de Justicia, Viviana Boza, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, Andrés Romero; el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, diputado Jorge Luis Fonseca; autoridades institucionales y académicas, jueces, representantes de organizaciones civiles y empresariales.
Principales metas
Como metas del Modelo de Inserción Sociolaboral para la Población Penitenciaria, se encuentran:
Contribuir a la disminución de la reincidencia delictiva.
Dotar de herramientas a las personas privadas de libertad para potenciar su inserción sociolaboral.
Convertir el enfoque-sociolaboral en un eje para los modelos de atención en los diferentes modelos de atención del sistema penitenciario.
Aumentar el número de personas matriculadas en la oferta de educación formal.
Incrementar la cantidad de proyectos agrícolas, industriales, pecuarios y de infraestructura tendientes a ser autosustentables, desarrollados por las distintas instancias del sistema penitenciario y que requieran mano de obra de personas privadas de libertad.
Acelerar la construcción
de alianzas con empresas u organizaciones públicas o privadas para generar opciones de ofertas de empleo y promover emprendimientos productivos.
El trabajo de los componentes no arranca de cero; toma la experiencia adquirida a través de intervenciones ya en marcha como el programa de empleabilidad “Construyendo oportunidades”, así como la estrategia nacional “Puente al Desarrollo” y se integra ahora en un marco ampliado con la Unidad de Inserción Social del Ministerio.
Esta última está desarrollando en la actualidad un programa piloto de seguimiento a personas que han egresado recientemente del sistema penitenciario para brindar acompañamiento en esta etapa temprana de la vuelta a la libertad y brindarles herramientas y apoyo para evitar la vulnerabilidad y la reincidencia. Esto denota la vocación de la institución por apostar por las personas, las nuevas oportunidades y la prevención.
Paralelamente, el modelo busca cerrar el ciclo de violencia por medio de mecanismos de prevención secundaria, cubriendo así también a las personas jóvenes y otros miembros de las familias de la población penitenciaria.
Ellas podrán ser referenciadas y acceder a la oferta programática vinculada al programa de Centros Cívicos por la Paz y a otros programas de prevención de la violencia, teniendo claro que la familia de la población en ejecución penal juega un papel preponderante en un proceso efectivo de inserción social.
Más alianzas
Para la iniciativa es fundamental la cercanía con otros actores. Por eso fomenta la creación de más alianzas con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, con el fin de apoyar la capacitación técnica y profesional, las habilidades blandas y mejorar el perfil sociolaboral de la población privada de libertad.
También se propone aumentar la cantidad de proyectos en ejecución –agrícolas, industriales, pecuarios, de reciclaje y de infraestructura– tendientes a ser autosustentables, desarrollados por las distintas instancias del sistema penitenciario y que requieran mano de obra de personas privadas de libertad, así como acelerar la generación de más opciones de ofertas de empleo y promover emprendimientos productivos.
Entre formación, empresariedad y empleabilidad, actualmente están en ejecución o firmados cerca de 12 convenios con diversas instituciones, organizaciones y empresas; más de 8.000 personas privadas de libertad están vinculadas hoy en día a alguna actividad laboral.
En el acto de presentación
del Modelo de Inserción Sociolaboral para la Población Penitenciaria se firmó un protocolo para que los centros penitenciarios refieran al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a personas para que puedan certificarse por conocimientos o experiencia.
También, un convenio con la Universidad Santa Paula para facilitar el desarrollo de proyectos de investigación, seminarios de graduación, tesis, trabajo comunal, extensión cultural, extensión docente y difusión.
“Queremos generar oportunidades que garanticen el acceso a la educación formal, a la formación para la empleabilidad, a la ocupación laboral y a la reducción del consumo adictivo de sustancias psicoadictivas. Hay que derribar mitos y prejuicios”, reseñó la Viceministra de Justicia, Viviana Boza Chacón.
