- Normativa ordena y moderniza el sistema concursal con reglas claras para equilibrar los intereses y derechos de deudores en crisis y sus acreedores.
- Establece un único proceso que simplifica trámites, reduce tiempos y costos para los usuarios.
- Incorpora la resolución alterna de conflictos (RAC) para controversias en materia concursal y faculta la creación de tribunales especializados en materia concursal.
- Con su implementación, el país aumentaría su competitividad, seguridad jurídica y atractivo económico a nivel internacional.
San José, 14 de abril del 2021. Con el objetivo de proteger y facilitar los procesos a los que se someten las personas y empresas en riesgo de quiebra, esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, rubricó la Ley Concursal de Costa Rica (Nº 21.436).
La firma –a cargo además de la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, y la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar- tuvo lugar en una actividad en Casa Presidencial, a la que asistieron el magistrado Orlando Aguirre y el juez Cristian Quesada.
Con esta regulación se propicia un clima mejorado de competitividad empresarial, que brinda mayor seguridad jurídica para la atención de las crisis de los deudores privados, con sistemas claros, costos reducidos y herramientas modernas que permitirán rescatar actividades empresariales, mejorar la valoración de bienes y administración de activos, así como liquidaciones expeditas y recuperaciones de créditos en condiciones razonables.
De esta manera, el país reafirma su compromiso de actualizar y modernizar su normativa interna, por medio de una nueva Ley que busca la preservación y el salvamento de las actividades económicas productivas y que reconoce, una vez más, la importancia que tiene para la economía nacional el impulso de la actividad privada como generador de empleo, riqueza y competencia en los mercados.
“En un momento donde la actividad económica busca recuperarse tras las afectaciones ocasionadas, como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 y donde desde el Gobierno de la República hemos venido y seguimos impulsando diversas medidas que contribuyan a la reactivación de la economía, la Ley Concursal constituye una poderosa herramienta de ayuda al sector privado, al tiempo que colabora en la modernización del Poder Judicial en el tratamiento de un tema tan importante”, manifestó el presidente Carlos Alvarado.
La construcción de esta ley ha contado con el liderazgo del Poder Judicial y el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el Colegiado de Abogados de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia y otros órganos consultores nacionales e internacionales.
Aspectos novedosos Ley Nº 21.436. Como parte de las novedades que incorpora esta normativa se incluyen:
- El establecimiento de un único proceso concursal para todo tipo de deudores privados, el cual elimina procesos civiles de insolvencia, de administración y reorganización con intervención judicial, de convenio preventivo y de quiebra.
- Incorporación de la resolución alterna de conflictos (RAC) en materia concursal, de modo tal que los interesados puedan llegar a acuerdos para la resolución de sus controversias.
- Faculta la creación de tribunales especializados en materia concursal y autoriza a la Corte Suprema de Justicia para establecer los tribunales especializados necesarios para la tramitación de estos procesos.
“El apoyo al parque empresarial y la inversión privada debe traducirse en medidas que implique lograr regulaciones más simples, que conlleve celeridad en la respuesta del Estado y menores costos para todos. El Poder Ejecutivo ha apoyado la Ley Concursal por su impacto en la competitividad y el clima de negocios del país y es un ejemplo de una regulación integral, moderna, pensada desde la realidad de sus usuarios, la cual robustece la administración de justicia y confirma que en el Estado podemos hacer las cosas diferentes, de forma mucho más ágil y sencilla”, indicó Victoria Hernández, ministra de Economía.
Una de las tareas del MEIC es dar seguimiento al indicador del “Doing Business”, el cual evalúa el clima de negocios en 190 economías (entre ellas Costa Rica) y determina si las regulaciones favorecen o restringen la actividad empresarial.
En este indicador se abarcan 10 áreas del ciclo de vida de una empresa y una de ellas es, precisamente, la resolución de casos de insolvencia, por lo que gracias a la mejora en este proceso, el país avanzaría en este índice annual, estimó la jerarca del MEIC.
La ley habilita a los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Justicia y Gracia, para autorizar y regular Centros de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), como un instrumento adicional para procurar la paz social y económica, aún ante un conflicto de naturaleza concursal, pero también impulsa la simplificación de trámites, el uso de mecanismos tecnológicos, reduciendo tiempo y costos para los usuarios.
“Es una ley que tiene por finalidad determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales a las crisis patrimoniales de deudores privados, que se vean impedidos del normal cumplimiento de sus obligaciones; viene a llenar un vacío de legislación específico, estableciendo el marco para procedimientos por medio de soluciones justas y funcionales de acuerdo con las crisis patrimoniales que viven los deudores, sin dejar de lado los derechos de los acreedores”, comentó por su parte la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar.
Para la implementación de la ley, se dispone un plazo de seis meses posterior a la publicación.
