INSTITUCIONES ATIENDEN SITUACIÓN Las instituciones han estado atendiendo la situación antes, durante y después al desalojo ordenado por el Tribunal. Tanto el IMAS, como el INDER y el PANI siguen atendiendo de las familias afectadas. El IMAS atiende 53 familias con beneficios que incluyen asistencia social para alimentación. Hay dos familias más que además de la asistencia social reciben el pago del alquiler. Hoy 15 familias recibirán esta asistencia. La institución está buscando a 36 familias que fueron desalojadas para darles el apoyo, ya que no han sido localizadas ni en el cuadrante de Finca 3, ni en las inmediaciones del puente sobre el Río Térraba. Los alquileres del IMAS son por tres meses y se pueden renovar por otros tres meses. El PANI de inmediato desplazó funcionarios para garantizar la seguridad e integridad de menores de edad, así como vigilar que esta población tenga agua potable, alimentación, pañales, leche y albergue temporal. Se giró la orden a la jefa del CEN “para que las familias que requieran el beneficio de atención se les abra los expedientes” de manera oportuna y eficiente”, indico Ana Teresa Leónn, Presidenta del PANI, El PANI también apoya la valoración social de las familias con información que ya se tenga en la zona y permanecerá vigilantes que no haya ninguna violación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. SOLUCIÓN DE LARGO PLAZO En el marco de la Ley 9036 y el reglamento de compra de fincas del Instituto Nacional para el Desarrollo Rural (Inder), se asegura el acompañamiento en la elaboración de un proyecto productivo que cumpla con la legalidad y las normas de la institución. Este proceso lleva entre 5 y 6 meses. EL DESALOJO La Procuraduría General de la República notificó al Ministerio de Seguridad Pública una resolución del Juzgado de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo, del 24 de junio de 2015 en el que ordena cumplir con el desalojo de la finca conocida como Chánguena, propiedad de 110 hectáreas ubicada Palmar de Osa, que ha estado en disputa tanto administrativa como judicial desde el 2001. El empresario Oscar Echeverría Heigold activó el reclamo judicial para que se ejecutara el desalojo. A pesar de múltiples gestiones del Poder Ejecutivo para buscar una salida al desalojo, planteada por Echeverría, la orden judicial dejó sin otra opción a la Administración que ejecutar el mandato del Poder Judicial entre el 30 y 31 de julio. Aún en ese contexto, el Gobierno de la República ha hecho todas las gestiones necesarias para asegurar que las familias –algunas desde hace más de 10 años, que han constituido una comunidad con base en actividades agrícolas– sean reubicadas y reciban atención de instituciones estatales, para apoyarlas en el desarrollo de proyectos productivos y así garantizarles condiciones de subsistencia dignas.]]>
