La Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), resolvió de forma unánime otorgar la Puesta en Servicio Definitiva (PSD), de la Sección II de esa ruta en el tramo Ciudad Colón – Orotina, tras corroborar que “las obras terminadas por el concesionario se encuentran dentro de los parámetros contractuales y que las mismas se encuentran habilitadas al tránsito”. Con ello se da por concluido el trámite administrativo, recogido en el contrato que no conlleva la recepción de la carretera la cual se producirá cuando se finalice el plazo de la concesión.
La Junta Directiva tomó la determinación tras valorar la recomendación técnica emitida por la Comisión de Puesta en Servicio (CAPS) que integran profesionales en ingeniería de CONAVI, CNC y MOPT.
Complementariamente el Consejo Nacional de Concesiones, requirió a la Concesionaria Globalvia, la presentación de un Plan de Atención de Taludes, cuya presentación se concretó el pasado miércoles 22 de julio y que está siendo valorado tanto por la Gerencia del Proyecto, como por la empresa GETINSA, supervisora contratada por el CNC.
El Plan de Atención de Taludes, es un estudio realizado por ingenieros y geólogos consultores nacionales de reconocido prestigio, quienes hicieron una evaluación geotécnica de los taludes de la Sección II de 40 kilómetros de longitud, comprendidos desde el Intercambio de Ciudad Colón, hasta el Intercambio de Orotina.
Los taludes evaluados a lo largo de la Sección II corresponden a los señalados tanto por LANAMME como por la supervisora y sobre los que se han vertido recomendaciones técnicas y propuestas de estabilización.
Desde el presente año la Concesionaria viene desarrollando acciones para garantizar la estabilización de taludes, trabajos que se han venido supervisando por parte de la Gerencia de Proyecto (CNC), la supervisora contratada para ese efecto. Estas intervenciones tendrán continuidad durante el 2016 y la Administración continuará con los controles establecidos a efecto de verificar el cumplimiento del plan propuesto por la concesionaria.
PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA
La Puesta en Servicio Definitiva se da tras un año de negociaciones entre la concesionaria y el Gobierno, para completar las obras que se encontraban pendientes y asegurarle al usuario condiciones de funcionalidad, confort, seguridad y asistencia técnica.
Las cinco obras concluidas fueron el Intercambio del Coyol, las Marginales de Rincón Chiquito, Siquiares y Turrúcares, la Rampa del Intercambio de Balsa.
Este conjunto de obras según el criterio técnico de la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio (CAPS), cumplieron con las condiciones de funcionalidad, confort y seguridad, se encuentran dentro de los parámetros contractuales y permiten la operación fluida y la seguridad vial de los usuarios.
Adicionalmente, es meritorio indicar que es obligación de la concesionaria realizar, controles para monitorear las condiciones de los taludes, en ese sentido el CNC realiza inspecciones técnicas en sitio, a fin de verificar el estado de las obras, y que se realicen las acciones tendientes a la estabilización de taludes existentes en esos puntos.
ACUERDO CONCILIATORIO
Durante la presente administración el CNC ha realizado un esfuerzo importante por poner orden en el contrato de concesión de la carretera San José- Caldera, impactado por tres situaciones críticas: obras pendientes en la Sección II (Ciudad Colón- Orotina) pendientes de concluir desde el año 2010; la situación de inestabilidad de taludes en la Sección II de 40 kilómetros y la falta de un acuerdo conciliatorio que le evitara enfrentar un proceso de arbitraje interpuesto por la Concesionaria que reclama al Estado el pago de un monto cercano a los $120 millones, considerando intereses, reajustes, daños financieros y perjuicios, por concepto de obras convenidas en la anterior administración (adenda 5 del contrato) y cuyo pago no se honró.
Las partes lograron ponerse de acuerdo mediante un laudo conciliatorio ante el Tribunal Arbitral reduciendo el monto a pagar de aproximadamente $120 millones a $43.3 millones que corresponden a un reajuste de precios. Fue un proceso complejo que demandó un año de negociación con la concesionaria, a efecto de lograr el menor impacto para las finanzas públicas y el mejor acuerdo para los intereses de la Administración, en tanto sólo se reconoció el reajuste de precios y no otros extremos pretendidos por la parte actora.
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