- Propuesta adiciona un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública.
- Plantea que personas servidoras del sector público no reciban el aumento salarial por anualidad este año y que estos recursos sean utilizados como subsidio a quienes perdieron su trabajo como consecuencia de COVID-19.
- Quedan excluidas las personas servidoras públicas que laboren para el Ministerio de Salud, la CCSS y los cuerpos policiales del país.
Ante los efectos de la pandemia ocasionado por el COVID-19, el Gobierno de la República presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que adiciona un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública.
La iniciativa plantea que para este 2020 el aumento de la anualidad que recibiría todas las personas servidoras del sector público no sea reconocido, y que dicho recurso presupuestario sea trasladado íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para ser utilizado en subsidios a personas que quedaron desempleadas por los efectos colaterales del COVID-19.
Se estima que los recursos correspondientes al aumento de la anualidad de este año es de unos ¢23.150 millones.
Esta medida -que es extraordinaria y que se aplicaría por una única vez- excluye a quienes laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y los cuerpos policiales del país.
“Las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia nos retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia que impacta a miles de personas. Somos conscientes de la grave disminución de la actividad económica en prácticamente todos los sectores, lo que provoca un alto número de personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención a través del Estado”, reflexionó la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y Coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, María del Pilar Garrido Gonzalo.
“Sometemos a consideración de los señores y señoras diputadas la presente iniciativa, cuyo espíritu busca alivianar la situación que miles de familias atraviesan por la pérdida de su empleo, producto del COVID-19”, afirmó.
La ministra agradeció nuevamente el arduo y ágil trabajo de los legisladores y legisladoras. “Nuestra democracia hoy nos llama a cuidar a las personas más vulnerables y a protegernos con solidaridad”, dijo.
La evaluación de desempeño del año 2020 se realizará únicamente para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, pero no generará ningún efecto pecuniario.
El aumento de anualidad del 2020 no se reconocería a futuro. A partir del año 2021 la anualidad correspondiente a dicho año y a los años futuros se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley.
