Diferentes instituciones del Estado han hecho todos los esfuerzos posibles para atender a unas 100 familias que desde hoy comenzaron a ser desalojadas de una finca en disputa en Osa, sur del país, en cumplimiento de una orden judicial.
La Procuraduría General de la República notificó al Ministerio de Seguridad Pública una resolución del Juzgado de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo, el pasado 24 de junio de 2015. En ella se ordena cumplir con el desalojo de la finca conocida como Chánguina, una propiedad de 110 hectáreas ubicada en el distrito Palmar del cantón de Osa, que ha estado en disputa tanto administrativa como judicial desde el 2001.
A pesar de múltiples gestiones del Poder Ejecutivo para buscar una salida a la solicitud de desalojo, planteada por un particular, la orden judicial dejó sin otra opción a la Administración que ejecutar el mandato del Poder Judicial el 30 y 31 de julio.
Aún en ese contexto, el Gobierno de la República ha hecho todas las gestiones necesarias para asegurar que las familias habitantes de esa finca –algunas desde hace más de 10 años, que han constituido una comunidad con base en actividades agrícolas– sean reubicadas y reciban atención de instituciones estatales, para apoyarlas en el desarrollo de proyectos productivos y así garantizarles condiciones de subsistencia dignas.
El Instituto Mixto de Asistencia Social (IMAS) ha registrado que en el territorio desalojado ha vivido un grupo de familias desde hace más de una década, mientras que otras llegaron en años recientes. Un grupo adicional usa la propiedad para sembrarla pero habitan fuera de la finca. En total, hay unas 100 familias afectadas por el desalojo.
El IMAS mantiene la oferta de proveer a las familias que vivían dentro de la propiedad el alquiler de una vivienda durante tres meses, mientras son reubicadas de manera permanente. El IMAS también evaluará la situación de los grupos familiares que trabajan la tierra en la finca pero habitan fuera, para apoyarlas con un paquete de asistencia institucional si fuese necesario.
Asimismo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) evalúa varias opciones de propiedades para reubicar a las familias residentes en Chánguina.
Por su parte, la Fuerza Pública ha instado a las familias a desalojar la propiedad de manera pacífica, les ha ayudado en el traslado de sus pertenencias y ha garantizado la seguridad de las personas desalojadas y de sus bienes.
El Gobierno de la República reitera a las familias ocupantes de la finca Chánguina su voluntad de buscar una solución que les permita garantizar su subsistencia y solicita su colaboración para mantener la tranquilidad en la zona y procurar una solución a sus problemas de tierra y vivienda.
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