- Tras consulta, Procuraduría avaló permanencia de niños y niñas en el programa en los casos en que la familia mejore sus ingresos pero no pueda sufragar costo del cuido.
- “El IMAS no puede eliminar los subsidios que otorga hasta tanto no exista garantía de que ellos han superado de manera plena y permanente su condición de pobreza”, afirmó la Procuraduría.
- Para atender en la Red de Cuido a las familias que se reinsertan en el mercado laboral, se ajustará la medición de ingresos y se analizará la opción de pago compartido, anunció presidente ejecutivo del IMAS.
Por muchos años, al amparo de diversos criterios jurídicos, el Instituto Mixto de Ayuda Social debió excluir del programa Red de Cuido a los niños de familias que habían logrado conseguir una fuente de ingresos que les permitieron salir del nivel de pobreza.
Esto ocasionaba que, por ejemplo, una madre de familia que conseguía un empleo, debía costear el cuido de sus hijos o bien desistir del nuevo trabajo para mantener el beneficio.
Ante esta situación, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente del IMAS, Juan Luis Bermúdez, planteó a la Procuraduría General de la República (PGR), una consulta.
En su respuesta, la PGR dio el aval para garantizar los beneficios de la Red de Cuido a familias que en el proceso de atención superaron la línea de pobreza, “con el fin de que éstas no regresen al estado original como consecuencia de la revocatoria de los subsidios otorgados”.
“El IMAS no puede eliminar estos subsidios hasta tanto no exista garantía de que ellos han superado de manera plena y permanente esa condición, subrayó la Procuraduría.
Mediante el oficio IMAS-PE-025-2020, del 10 de enero del presente año, el IMAS consultó a la Procuraduría la situación de los menores de edad que utilizan los servicios del programa “Red de Cuido” y son excluidos de este beneficio, acatando un criterio legal que así lo exigía y del cual difería.
A juicio de Bermúdez, este accionar representaba una vulneración de sus derechos, contraria a los fines de la RedCudi y atenta contra el interés superior de la niñez, devolviéndoles a una situación de vulnerabilidad y propensos a repetir el círculo de pobreza.
El criterio técnico de la Procuraduría le dio la razón, al señalar que la institución está obligada por ley a tomar todas las medidas necesarias que permita garantizar que los beneficiarios que han salido de la línea de pobreza, no regresen al estado original como consecuencia de revocatoria de los subsidios otorgados.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, compartió esta noticia con los empresarios reunidos este martes en el Día Nacional de la Empresa Privada. “Desde que era ministro en el IMAS hemos venido luchando para que las familias puedan salir de la condición de pobreza y mantenerse fuera de ella. Hoy, el criterio de la Procuraduría representa un triunfo a la sensatez”, exclamó.
Propuestas
“Hemos planteado dos propuestas para acompañar a las familias que se reinsertan en el mercado laboral y que superan la pobreza para que no regresen al estado original”, explicó Bermúdez:
Directriz inmediata. La primera e inmediata es una directriz mediante la cual, a partir de esta semana, las distintas unidades del IMAS ya no utilizarán solo el monto de línea de pobreza calculado por el INEC para una revocatoria del servicio, sino que sumarán los costos de los servicios de cuido y desarrollo infantil.
Pago compartido. La segunda, y cuyo diseño está en elaboración, es la figura del “pago compartido”, en donde la institución da continuidad a los servicios de cuido y desarrollo infantil mediante un subsidio que cubre parcialmente el costo de atención por parte del Estado, y el resto es asumido por la familia, una empresa o un gobierno local.
Complementariamente, se esta remitiendo este criterio a todas las instituciones que conforman la Red de Cuido para fortalecer la aplicación del principio de no regresividad y el interés superior de los niños y niñas en su funcionamiento, al amparo de este criterio de la PGR.
Con estas acciones, también se atiende lo señalado por la Contraloría General de la República, en su informe N°DFOE-SOC-IF-18-2015, en relación con la carencia de alternativas de financiamiento para garantizar la sostenibilidad de la población beneficiaria.
La Procuraduría General de la República concluye que la ley de creación del IMAS obliga a la institución a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios que han salido de la línea de pobreza no regresen al estado original. De lo contrario, no estaría resolviendo el tema de la pobreza que es su fin principal.
