- Sistema penitenciario contará con Comunidades Terapéuticas financiadas por el ICD; serán atendidas por personal del IAFA
- Centros se edifican en Heredia y Puntarenas; pronto comenzarán obras en Pococí y en la antigua máxima seguridad de La Reforma
San José, 21 de enero del 2020. Dinero decomisado al narcotráfico financia la construcción de Comunidades Terapéuticas que, a partir de este año, atenderán a privados de libertad con problemas de adicción en centros penitenciarios mediante programas certificados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Los centros se construyen en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (Heredia) y el CAI 26 de julio (Puntarenas) con fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Este año también se construirá una comunidad en el CAI Carlos Luis Fallas (Pococí) y otra en la antigua sección de máxima seguridad del CAI Jorge Arturo Montero.
Salvo esta última, que albergará a 132 privados de libertad una vez que esté lista, las comunidades regionales tendrán capacidad para albergar, por seis meses (tiempo de duración de programa), a 40 privados de libertad. La idea es impartir el programa dos veces al año para duplicar el alcance.
Las dos primeras comunidades, de acuerdo con el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, tienen un costo de ₵800 millones en infraestructura, así como ₵75 millones en equipamiento.
Aunque en Liberia existe una iniciativa similar, esta será la primera vez que el sistema penitenciario cuente con un modelo de atención certificada para atacar el consumo de drogas a cargo del personal del IAFA y los técnicos del Ministerio de Justicia y Paz.
“Desde el inicio de nuestra gestión nos hemos propuesto como meta dar mejores oportunidades a las personas privadas de libertad con el objetivo de que tengan mayores posibilidades de una reinserción social exitosa. El consumo problemático de droga es uno los mayores flagelos a los que tenemos que hacer frente”, dijo la Ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz.
El 53% de la población penitenciaria tiene problemas de consumo crónico de drogas, y ese es un factor de reincidencia. “Este es un proyecto de enorme importancia para el ICD y el Gobierno porque es llevarle tratamiento a privados de libertad en el mismo centro penitenciario con un abordaje multidisciplinario para asegurar el éxito”, declaró Guillermo Araya, director del ICD.
La ministra destacó que los participantes en el programa deben mostrar actitud de cambio y comprometerse a cumplir con el tratamiento. Los fondos para la construcción de las comunidades (salvo el proyecto de la antigua máxima seguridad, que se edificará con recursos propios) son administrados por la Fundación Universidad de Costa Rica. Ellos se encargan de todo lo concerniente a la licitación, la elaboración de los planos y las contrataciones.
Sarita Villegas, directora de la Unidad de Inserción Social del Ministerio de Justicia y Paz, indicó que los privados de libertad que se inscriban vivirán en esas unidades para facilitar el abordaje por parte del personal del IAFA.
Cada unidad contará con un médico, un trabajador social, un experto en salud ocupacional y un psicólogo. “El tratamiento dura seis meses y está basado en la abstinencia. Ellos deben asumir el compromiso de aceptarlo”, explicó.
