- Es requisito para seguir consolidando el proceso de ingreso a la OCDE y permitirá perseguir y responsabilizar de forma efectiva a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera y que implementen mecanismos de prevención.
Esta tarde, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate el proyecto de ley que le aporta a Costa Rica el fortalecimiento de las herramientas para seguir combatiendo la corrupción y la impunidad.
La aprobación en primer debate del proyecto de ley No. 21.248 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” es un requisito para seguir consolidando el proceso de ingreso a la OCDE.
Este proyecto es producto del esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia y Paz.
La Ministra de Justicia y Paz, Marcia González, agradeció a la Asamblea el apoyo a esta iniciativa. “Con este proyecto de ley damos un mensaje muy claro del compromiso inclaudicable en la lucha contra la corrupción y avanzamos un paso más en el proceso de incorporación a la OCDE, con lo cual reafirmamos la clara voluntad de la Administración Alvarado Quesada en combatir de manera decidida estas malas prácticas”, al solicitar el apoyo en el segundo debate para que el proyecto pueda convertirse en ley de la República.
En términos generales, la aprobación del Proyecto permitirá perseguir y responsabilizar de forma efectiva a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera, e implementar mecanismos de prevención en las compañías
El proyecto de ley para responsabilizar a las empresas por actos de corrupción no solo es un compromiso con la OCDE, sino de la Convención Anticohecho, que es ley de Costa Rica, y sobre todo con nuestra gente, enfatizó la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez al indicar que “la corrupción es un mal que amenaza la gobernanza, el desarrollo y los procesos democráticos, lo cual en definitiva merma la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Combatirla con herramientas que ya han sido probadas en países con las mejores prácticas es lo más inteligente que podemos hacer”.
La iniciativa forma parte de los requisitos para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de los compromisos internacionales asumidos al adherirse, en 2017, a la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
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