- El viceministro Juan Alfaro pidió apoyo al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Dirección Nacional de Notariado en la fiscalización de los derechos de las poblaciones autóctonas, sobre todo ante el reto que representa el conflicto por la tenencia de las tierras.
El Viceministro de la Presidencia para Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro, solicitó formalmente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a la Dirección Nacional de Notariado el apoyo para fortalecer el proceso de fiscalización y cumplimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, establecidos en la Ley Indígena de 1977.
La solicitud se da tras la designación de este Viceministerio y del Ministerio de Justicia y Paz como responsables de impulsar acciones que permitan el cumplimiento de las medidas cautelares MC-321-12 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Teribe de Térraba.
“Me dirigí a las instituciones que representan a los profesionales del derecho con el fin de solicitar una fiscalización y un acompañamiento más enérgico en el cumplimiento de los derechos de esta población. Esperamos que así podamos avanzar en procura de la garantía del derecho a la tierra que pertenece a las personas indígenas del país”, explicó Alfaro.
El jerarca resaltó la relevancia de este tipo de acciones interinstitucionales en el abordaje del conflicto por la tenencia de tierras en la zona y en el cumplimiento del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI), creado para afrontar esta problemática.
“A pesar de la vigencia de la Ley Indígena desde el año 1977, los pueblos autóctonos denuncian que se siguen dando transferencias de tierra mediante actos que podrían buscar disfrazar de legalidad situaciones totalmente contrarias a derecho”, destacó.
Esta situación es la que motivó el llamado al Colegio Profesional y a la Dirección de Notariado para que se analice, por ejemplo, emitir lineamientos internos “que generen una llamada de atención” a sus miembros, con el fin de que se verifique el respeto de los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena en escrituras públicas, actos notariales, asesorías, contratos, acuerdos comerciales, negocios y otras labores profesionales.
Desde el lamentable asesinato de Sergio Rojas, hace aproximadamente dos meses, el Viceministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia y Paz trabajan de cerca con el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Ministerio Relaciones Exteriores y Culto, así como representantes del Poder Judicial, para fortalecer el cumplimiento de las medidas cautelares y de los derechos humanos de las personas indígenas.
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