Ministerio de Justicia y Paz presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Responsabilidad de personas jurídicas sobre cohecho, soborno transnacional y otros delitos”.
Proyecto fue construido de manera conjunta con la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
“Trabajo interinstitucional al más alto nivel es necesario para avanzar en la lucha contra la corrupción”, afirmó la Ministra Marcia González.
San José, 21 de marzo de 2019. Con el fin de alcanzar los más altos estándares internacionales en materia del combate contra la corrupción y así avanzar en el proceso la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Ministerio de Justicia y Paz presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Responsabilidad de personas jurídicas sobre cohecho, soborno transnacional y otros delitos”.
La redacción de esta ley responde al cumplimiento de la recomendación dada por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho Transacciones Comerciales Internacionales (Grupo de Trabajo sobre Cohecho o WGB, por sus siglas inglés), en realizar acciones pertinentes para cumplir con los parámetros de la Convención Anti-cohecho de la OCDE.
Dentro de las recomendaciones dadas destacan: reformar el régimen para la responsabilidad de las personas jurídicas para los procesos contra personas jurídicas puedan ocurrir independientemente de los proceso en contra de personas físicas; contar con un sistema claro y eficaz de ejecución contra personas jurídicas; y permitir la confiscación del producto del soborno en manos de personas jurídicas sin condena previa de una persona física en un juicio penal, entre otros.
Asimismo, incorporar un delito contabilidad falsa de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 8 de la Convención Anti-cohecho de la OCDE. Garantizar que el lavado de dinero basado en el soborno transnacional constituya un delito y asegurar que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, aumentando las sanciones financieras aplicables a las personas jurídicas, entre otros.
“El Gobierno del Bicentenario está comprometido con la lucha contra la corrupción, y desde el Ministerio de Justicia y Paz vemos el proceso de ingreso a la OCDE como una oportunidad valiosa para renovar los valores que inspiran la construcción de sociedades más transparentes y responsables de cara a la ciudadanía; este proyecto representa un avance importante en la construcción de un instrumento interno para las autoridades.” afirmó la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz.
En términos generales, la aprobación del Proyecto permitirá perseguir y responsabilizar de forma efectiva a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera, e implementar mecanismos de prevención en las compañías, explicó la Ministra González.
El proyecto busca dar un salto cualitativo en las herramientas legales para responsabilizar a las personas jurídicas, siendo a través de la vía penal, ya que, por dicha vía, se cuenta con todos los recursos necesarios para realizar una investigación seria y eficaz.
Para la Fiscala General de la República, Emilia Navas, es fundamental como Ministerio Público contar con un instrumento efectivo para la lucha contra la corrupción. También señaló que ven con buenos ojos el modelo de prevención de delitos, que permitirá reducir la incidencia de estos delitos.
Navas finalizó indicando que están en un proceso de capacitación para poder dar aplicación a la Ley una vez que sea aprobada por el órgano legislativo.]]>
