Palabras del Presidente al condenar el asesinato del dirigente Sergio Rojas, ocurrido la noche del lunes, pedir el pronto esclarecimiento de los hechos y anunciar gestiones con grupos y organizaciones de derechos humanos.
En el marco del protocolo sobre Medidas Cautelares MC-321-12, acordado con los pueblos indígenas, Seguridad Pública ha atendido las 53 incidencias reportadas desde enero del año pasado.
El mismo día del asesinato, autoridades mantuvieron conversaciones con el dirigente indígena sobre la instalación de las cinco mesas de trabajo de la Comisión de Alto Nivel programada para este viernes.
El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, expresó este martes el repudio y condena del Gobierno de Costa Rica al asesinato este lunes del dirigente indígena bribri, Sergio Rojas, al tiempo que anunció el total respaldo a las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos a la brevedad posible.
“Es un trágico día para el pueblo bribri, para las poblaciones indígenas y para Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos”.
Agregó que “pondremos todo nuestro recurso y esfuerzo para respaldar las acciones que den con los responsables de este hecho y para que se haga justicia”.
En ese sentido, instruyó al Ministerio de Seguridad Pública apoyar a las autoridades judiciales en el esclarecimiento de este crimen y solicitó la presencia en la zona de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.
Este martes, Seguridad Pública desplazó efectivos desde Buenos Aires a la localidad de Yeri, territorio indígena de Salitre, donde ocurrió el asesinato de Rojas, está dando protección a los familiares de la víctima y reforzó la seguridad en la comunidad.
En el marco del protocolo sobre Medidas Cautelares, MC-321-12, consensuado con los representantes indígenas y firmado en febrero de 2017, Seguridad Pública ha respondido a las 53 incidencias reportadas desde enero 2018.
También, habilitó una línea de atención específica para los territorios indígenas, en particular a los peticionarios, y se ha facilitado el acceso a la justicia a través de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.
Otras acciones emprendidas por el Gobierno, aparte del cumplimiento pleno del Protocolo, son las siguientes:
Comisión de Alto Nivel. El sábado 19 de enero, el Presidente Alvarado firmó el decreto ejecutivo 41529 que creó la “Comisión de Alto Nivel para la Atención del cantón de Buenos Aires”.
Para este viernes 22 de marzo estaba programada la instalación de las 5 mesas de trabajo con participación de instituciones estatales, gobierno local y habitantes del cantón, incluyendo a los pueblos indígenas.
Precisamente, este mismo lunes, día en que fue asesinado, Rojas sostuvo conversaciones con representantes gubernamentales de cara a esta actividad.
Se trata de una iniciativa de Casa Presidencial, cuyo objetivo es construir y articular una estrategia participativa para el desarrollo Integral del cantón de Buenos Aires, buscando disminuir las brechas socio económicas a través de proyectos estratégicos consensuados con los actores territoriales.
Los ejes son: infraestructura y servicios, economía y empleo rural, educación y formación técnica, ecosistemas territoriales e inclusión y equidad social.
Aplicación del Acuerdo de Escazú. “He girado instrucciones para que atendiendo al artículo 9 Inciso 3 del Acuerdo de Escazú, se tomen las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar estos ataques a defensores de derechos humanos”, dijo Alvarado..
Hizo así referencia al Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico regional para América Latina y el Caribe, pionero en materia de protección ambiental, que también es un tratado de Derechos Humanos.
Recordó que el convenio está en la corriente legislativa como proyecto de ley “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.
INDER. Desde marzo de 2016, el Instituto de Desarrollo Rural avanza en el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, cuya finalidad es dar cumplimiento legal a la realización de un estudio y análisis de las propiedades ocupadas por personas no indígenas en los territorios y que en muchos casos son causa de conflictos entre indígenas y no indígenas.
Es un instrumento técnico de gran importancia para dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Se trabaja alrededor de seis acciones teniendo como prioridad los territorios de Salitre y Térraba en recopilación de datos; amojonamiento interno para preparar la zona y preparar los asentamientos; censo para verificar la información real; confección de expedientes; trámite de los casos y avalúos.
Finalmente, el presidente Alvarado informó que giró instrucciones a la embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para brindar un reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo acontecido y para ponerse a disposición de ese organismo.
Asimismo, anunció que se están gestionando reuniones con la representación de Naciones Unidas en Costa Rica, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la Defensoría de los Habitantes.]]>
